El martes se realizó en La Moneda la llamada “Cumbre de Seguridad de La Araucanía”, convocada por el Gobierno luego de la petición de agricultores y empresarios de la región que pedían declarar el Estado de Sitio y facilitar de esa forma el control de la zona para que se eviten los ataques que según ellos son realizados por grupos de comuneros.
Como respuesta a esta petición el Gobierno llamó a una reunión en Santiago sin siquiera contemplar la opinión, y mucho menos por integrar a representantes del pueblo mapuche,desconociendo las obligaciones del Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos normativos internacionales suscritos por Chile como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Con esto se optó por un camino que tiene como componente central la represión y no el diálogo dejando dudas a la forma en la que se podrá gobernar ese sector en conflicto.
Como ejemplo de este enfoque se permitió que las Carabineros arrestaran al Ñizol Lonko Juan Catrillanca, en un hecho que constituye una afrenta imperdonable al respeto que todo habitante de este país y especialmente el gobierno nacional debe tener por las autoridades ancestrales del pueblo mapuche.
En sus conclusiones la “Cumbre de Seguridad” erró el camino, anunciado más intervención policial, sofisticación de los medios de control, legitimación de los ‘testigos ocultos’ y aumento de los miembros de las fuerzas especiales de Carabineros e Investigaciones.
¿Adónde nos lleva el Gobierno con estas medidas?
¿Por qué en vez de cumplir con acuerdos de restitución de tierras, que se ignoran persistentemente, se recurre sólo a la expulsión violenta, atentando incluso contra la vida de niños mapuche?
Una política más justa debiera partir por reconocer cuales son las demandas de este pueblo reconocidas por el derecho internacional y que comprendan avanzar en algunas de sus demandas ancestrales como también superar los bolsones de pobreza que se crean en la zona.
La Cumbre de esta semana echa por tierra la posibilidad de avanzar en un diálogo real, basado en los derechos de un pueblo ancestral, que precede a la conformación del Estado de Chile. La posibilidad de un acuerdo nacional que contemple las demandas de los pueblos originarios se malogra aun más:
1. Ha actuado con dejación y desidia ante el cumplimiento de los compromisos de Estado sobre políticas de tierras.
2. Ha empleado la fuerza pública de manera desproporcionada contra las comunidades mapuches, con un creciente número de niños heridos, que involucran importantes violaciones a las convenciones sobre los Derechos del Niño.
3. Se verifica persistentemente una falta de respeto por las autoridades ancestrales, propias de las comunidades mapuches.
4. Se constatan importantes asimetrías en relación a la información en los procesos investigados, dejando en situación de debilidad a los comuneros y dirigentes Mapuche acusados, en algunos casos, falsamente.
5. Finalmente, no se puede olvidar que el contexto en que se verifican los hechos en las comunas de Ercilla han estado rodeado de promesas de desarrollo global, por parte del gobierno que aún no llega a las comunidades mapuche de Ercilla.
Se debe lamentar, igualmente, las declaraciones de algunas autoridades que al comentar los acuerdos de “la Cumbre” donde explican solo hechos violentos, desconocen los niños heridos con balines policiales e ignora las reivindicaciones legítimas y en derecho del pueblo mapuche.