Desde hace mucho tiempo que vengo advirtiendo que Chile se encuentra al borde de una crisis energética que puede traer insospechadas consecuencias para nuestro desarrollo. Lo ocurrido la semana pasada con un emblemático proyecto hidroeléctrico no es más que el corolario de una serie de decisiones desacertadas y de la falta de seguridad jurídica que actualmente afecta a las inversiones en nuestro país.
Como todo el mundo sabe, producto de nuestro ritmo de crecimiento, de aquí al año 2020 se espera que el consumo eléctrico crezca anualmente en torno al 6 a 7%, lo que requerirá aumentar la oferta, sólo en dicho período, en más de 8.000 MW en nuevos proyectos de generación.
La verdad es que hoy el cumplimiento de este objetivo se ve muy difícil, principalmente por nuestra incapacidad para lograr un consenso básico respecto a nuestra política energética, muchas veces, digámoslo claramente, producto de prejuicios y de la ignorancia.
Debido a lo anterior, no es de extrañar entonces que estemos en medio de un escenario altamente judicializado producto de los cuestionamientos de comunidades locales, de grupos de presión e, incluso, de parlamentarios que han propiciado una serie de recursos judiciales para detener proyectos de generación eléctrica.
Es así como hoy tenemos por lo menos ocho iniciativas de distinto tipo en esas condiciones o en camino a ello, pese a que varios de esos proyectos ya cuentan con su resolución de calificación ambiental aprobada. Para que se hagan una idea, estamos hablando de inversiones que en total implican US$ 12.000 millones y 7.500 MW, es decir, más de tres veces la capacidad total de las iniciativas que hoy se están construyendo sin dificultades y que alcanzan a los 2.296 MW.
A lo anterior debemos añadir otras situaciones que han contribuido a agravar aún más el panorama en que nos encontramos.
Es el caso de la prolongada sequía que vive el país, lo que ha disminuido la generación hídrica que es la más barata y ha elevado el uso del carbón y el diésel que son mucho más costosos.
Por eso hoy estemos pagando la energía más cara del continente con precios que en los últimos días de mayo pasado llegaron a sobrepasar los US$ 280 el MW, cifra que -a su vez- es US$ 60 más elevada que el promedio de la Unión Europea. ¿Cuánto tiempo más las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, van a poder seguir resistiendo esos valores?
Mientras todo esto y mucho más está sucediendo en este ámbito, el Gobierno parece no tomar conciencia de la gravedad del asunto.
Luego de dos años de gestión, en los que ya han pasado cinco ministros de Energía, recién en marzo de este año se dio a conocer la denominada Estrategia Nacional de Energía (ENE) y tuvieron que pasar dos meses más para que ingresara a trámite legislativo el primer proyecto de ley, el cual tiene por finalidad facilitar los procedimientos para otorgar concesiones eléctricas.
Aunque tarde, está bien que lo hayan presentado, pero yo creo que en el ENE hay iniciativas más importantes y urgentes como el de la carretera pública de transmisión, que fue anunciado en mayo de 2011 y todavía no se envía al Congreso Nacional. Si eso no es indolencia no sé entonces como llamarlo.
Esto sin considerar el pésimo precedente que sentó el propio Presidente de la República al bajar, por el expediente del teléfono, el proyecto Barrancones, el que había cumplido con todas las exigencias ambientales.
¿Cómo seguimos para adelante? Creo que es fundamental un mayor involucramiento del Estado para resguardar uno de los mayores activos de nuestro país ante los inversionistas, sobre todo los provenientes del exterior: la seguridad jurídica, la que hoy, por cierto, está cuestionada.
Esto significa que debe establecer los mecanismos necesarios para que las calificaciones ambientales, cuando son positivas, sean respetadas y no impugnadas; agilizar los procesos de evaluación y construcción de la nueva infraestructura energética; tomar medidas para evitar que los procedimientos establecidos en nuestra normativa no colisionen con las costumbres locales; garantizar que los procedimientos en los procesos de evaluación ambiental sean técnicos y no políticos, y fortalecer la participación ciudadana.
De lo contrario, lo que va a suceder es que las empresas se van a ir, porque va a llegar un momento en que el costo de desarrollar un proyecto, de las campañas informativas y, sobre todo, de defender su concreción ante la justicia, será muy elevado.
El Gobierno tiene que tomar decisiones ahora, pues mañana va a ser demasiado tarde, sobre todo en un sector, como es energía, en el que las soluciones no son de la noche a la mañana, sino que toman años en surtir efectos. Lo claro es que llevamos mucho tiempo perdido.
Cuando fui Presidente no dudé en tomar decisiones por impopulares que fueran, ya que había una política energética de Estado. Por eso, respetamos siempre los procedimientos establecidos en nuestra legislación y apoyamos tanto las decisiones de los organismos competentes como la concreción de proyectos como Ralco y Pangue, pese a las duras e injustas críticas que debí soportar.
Paradójicamente, Ralco es la última inversión hidroeléctrica de magnitud que se ha hecho en Chile y eso que fue inaugurada hace casi diez años. ¿Cómo estaríamos hoy si no se hubiese construido?
Llegó la hora de enmendar los graves errores y omisiones que se han cometido en el último tiempo, los que, entre otras consecuencias, están dilapidando nuestra capacidad para garantizar la seguridad jurídica de inversionistas extranjeros.
Seamos claros: no podremos seguir atrayendo inversiones si las propias empresas sienten que el país carece de una política nacional de energía que les permita desarrollar iniciativas energéticas.