En los últimos días se han escuchado algunas voces que han señalado que se debe autorizar a los concesionarios de televisión de libre recepción a prestar otros servicios con el espectro que les sea asignado, por ejemplo, Internet. La justificación de ello es que se podría contribuir a cumplir el deseo de llegar con infraestructura para servicios de banda ancha a todo el país ya que hay capacidad instalada para ello.
Quiénes enarbolan este discurso, sin embargo, pierden de vista que el espectro en cuestión está siendo asignado de forma gratuita, principalmente a empresas privadas, para continuar con el servicio que hoy prestan.
¿Qué sentido tiene entregarles “en bandeja” y de forma gratuita a estas empresas un negocio tan lucrativo como las telecomunicaciones cuando mediante una licitación competitiva tanto el Estado como los consumidores podrían ver mejor representados sus intereses?
¿Por qué en Chile tienen que seguir existiendo empresas privilegiadas, que por el sólo hecho de pertenecer a los grandes grupos económicos del país tienen privilegios que no alcanzan a todos quienes quieren hacer televisión?
¿Por qué unos no tienen que pasar por procedimientos concursales y otros sí?
¿Por qué el espectro es limitado para algunos y para otros está asegurado?
Detrás de estas interrogantes hay cuestiones tan esenciales como el principio de igualdad ante la ley y libre competencia para los entrantes, más allá de su tamaño y procedencia.
Esta no es una discusión de la industria de “cableros” v/s TV abierta, es una discusión que incluye a futuros canales de TV que emprendan en el negocio de la Televisión Digital y que no pueden estar sujetos a reglas más estrictas que aquellos que ya ingresaron a la cancha.
Pero por sobre todas las cosas es una discusión sobre como aumentar la calidad de la oferta, mejorando cobertura y disminuyendo precios para el consumidor final: el ciudadano.
No entender esta cuestión significa replicar, veinte años después, el mismo yerro que en su minuto significó otorgar concesiones gratuitas e indefinidas a canales vinculados a proyectos universitarios, en aras de privilegiar contenidos culturales. La historia de cómo falló la intención del legislador en esa regulación es conocida.
Parece inaceptable que el Estado no discuta el verdadero uso del espectro que se está destinando a la TVDT, que se esté asignando gratuitamente a los actuales operadores y que, sin mayor reflexión, a los grupos económicos más poderosos del país el Estado les entregue un gigantesco subsidio que en definitiva afectará a los bolsillos de los ciudadanos.
El Ejecutivo en esto no está siendo eficiente, ya que en la práctica no solo promueve concentración en unos pocos, sino que además hace un uso poco eficiente de un bien escaso como el espectro.
El espectro debe ser destinado únicamente a la televisión mientras no se discuta la verdadera forma de aprovechar el dividendo digital y dada la alta afección que tenemos sobre el derecho de propiedad, es que resulta indispensable que ese espectro se asigne por un breve período de tiempo, en concesiones definidas, evaluables, competitivas, transparentes y en iguales condiciones para todos.
Seguimos considerando que las concesiones a 25 años son excesivas y volverán a generar distorsiones de contenidos y asimetrías de mercado.
Como hemos dicho hasta la saciedad, al ser el espectro un bien público, el Estado no puede considerar razones de esta categoría, para su asignación, más allá de los conflictos que las compañías o la industria pretendan levantar en su propio beneficio, disfrazando muchas veces argumentos corporativos, con intereses colectivos supuestos.
Debemos sacar “al pizarrón” al Gobierno y pedirle que de a conocer públicamente su Plan de Radiodifusión Televisiva, para saber exactamente cuál es el espacio disponible, que actores podrán entrar a jugar, a que costo y en que lugares. Esto se viene pidiendo desde el primer trámite legislativo y la subsecretaría de Telecomunicaciones no ha dado “señales” al respecto.
En la Cámara de Diputados seremos férreos defensores que este gran cambio que significa la TVDT no sea un “Gato Pardo”, en perjuicio de los consumidores.