Cuando en el horizonte aparece una nueva contienda electoral, de inmediato se habla o se buscan aquellas que serán también las “nuevas” ideas o propuestas que se presentarán a la ciudadanía con el propósito de ser mayoría. Ello es inobjetable, pero no deben olvidarse aquellos temas fundamentales que no lograron transformarse en realidad, la mayor parte de las veces por que no tuvieron los votos suficientes en el Congreso Nacional.
Tenemos como deudas o reformas pendientes:
-La reforma del sistema electoral. El sistema binominal no entrega la representatividad que el sistema político requiere. Es demasiado evidente que es un simple instrumento que facilita el veto de la minoría sobre representarla en el Parlamento. Su permanencia cuestionará cada vez más la legitimidad de las instituciones democráticas. Su reemplazo es urgente.
-La reforma tributaria. Desde el 2010 que el Presupuesto de la nación se ha presentado y aprobado con déficit. Eso obliga a tomar deudas. La administración Piñera proyecta para el gobierno futuro, aquel que le reemplace en La Moneda, la recuperación de la política fiscal de balance estructural seguida por los gobiernos de la Concertación y que han permitido al país enfrentar con éxito situaciones difíciles, como la crisis sub-prime y el impacto del 27F.
Este mayor gasto que lo recaudado fue obligado el 2010, pero también se produjo el 2011 y el 2012. De manera que “no sobra la plata” como dijera livianamente el vocero de la UDI.
En consecuencia, una reforma tributaria que recaude lo que efectivamente requiere el país resulta inaplazable. Pero, debe ser de verdad y no simplemente comunicacional.
-La reforma educacional. Ya se comprobó que la municipalización al desorganizar el sistema de enseñanza, segregándole en diferentes estancos, se ha convertido en una carga para las familias y los estudiantes. Es imperioso cambiarlo. También el proceso de privatización de la Educación Superior produce un endeudamiento que asfixia los hogares.
El lucro no puede ser el motor del sistema ya que lo desnaturaliza completamente. Es vital la creación de una Agenda Pública que con los recursos del Estado entregue una ayuda eficaz a las familias.
-La reforma laboral. Los trabajadores en Chile no cuentan con una negociación colectiva que les permita acceder a una remuneración justa y redistributiva. La sindicalización es débil e insuficiente. Los empleadores dominan sin contrapeso en el esquema actual y no se podrá torcer la tendencia al aumento de la desigualdad social en el país si no se genera un nuevo trato laboral que entregue efectivamente al mundo del trabajo los frutos que le corresponden.
-La reforma de la salud. Hay que instalar un sistema de fijación de tarifas y precios que evite el empobrecimiento de las familias en caso de enfermedad de alguno de los suyos por los altos costos privados o las insuficiencias en el sector público. Hay que terminar los abusos con los pacientes que son cautivos de la negligencia o de la codicia. Son imperiosas exigencias de calidad y cumplimiento en el sector público de modo que no haya excusa para que se trasladen masivamente pacientes al sector privado y se transfieran recursos de todos los chilenos a engrosar las ganancias de las ISAPRES.
-La regionalización y descentralización es un objetivo económico y político. Es indispensable la elección directa de los Consejeros Regionales y de los Intendentes, ganando con ello cada gobierno regional tanto transparencia como responsabilidad ante una comunidad hoy ajena a sus designaciones y que no influye en sus decisiones.
-La previsión también requiere una reforma que posibilite mejor trato y condiciones adecuadas a los trabajadores, ello requiere la creación de una AFP pública que permita asegurarlo.
En suma, estas reformas sofocadas y contenidas durante un largo periodo por la derecha neoliberal no pueden quedar fuera de las “nuevas” ideas programáticas de un futuro gobierno que quiera más justicia social para Chile.