Abogamos por un Estado Protector, es decir, por una nueva manera de pensar y definir la responsabilidad del Estado en los desafíos históricos que se presentan al Chile del próximo periodo.
Las luchas de la Región de Aysén, una vez más, así lo han demostrado. En este caso, se trata de una regionalización pendiente que apunta en la misma dirección: dar respuesta y protección eficaz a las familias.
En esos lejanos territorios el Estado debe tener la capacidad de asegurar el combustible, la calefacción, la alimentación y el vestuario requisitos sin los cuales esas esforzadas comunidades no pueden resistir el impacto de un clima difícil y de distancias gigantescas.
El liderazgo del movimiento social de Aysén ha mostrado un camino. Lucha y amplitud. Firmeza y sagacidad. Los ayseninos se ganaron el apoyo y el cariño de Chile.
El gobierno finalmente se flexibilizo y cedió. Con ello no se derrumbó ni mucho menos. Lo más probable es que deberá flexibilizarse en otros ámbitos. La municipalización de la Educación, entre otros dilemas, ya no puede seguir. Cada día que pasa se debilita más la Educación Pública y su rol en un país republicano.
Es cierto que para la autoridad del Poder Ejecutivo esta es una encrucijada mayor y que su ideología le empuja a insistir en la idea que las dificultades para ser correctamente tratadas y resueltas requieren del libre juego del mercado y que allí donde se presenten las necesidades llegará la iniciativa privada a solucionar las cosas. Sin embargo, la realidad es otra.
Van 30 años de Estado subsidiario y la sociedad chilena demanda una nueva alternativa.
Las fuerzas ciegas del mercado no se auto regulan y las desigualdades aumentan. Entre ricos y pobres, entre las regiones y el centro, entre la concentración de riqueza y conocimiento versus la marginalidad y la ignorancia.
Incluso en el actual modelo televisivo está este Chile fracturado, entre emisiones diseñadas para la entretención chabacana y pueril versus aquellas programaciones para las elites acomodadas.
De esta forma, el país camina hacia una fractura social y cultural enteramente indeseable.Los grupos de neonazis del lumpen reflejan lo que puede brotar de esta situación.
Por eso, un Estado Protector debe levantarse ahora, apoyado en las movilizaciones de chilenas y chilenos que no quieren seguir siendo atropellados y abusados en el ejercicio de sus derechos y libertades. No tiene por qué ser fatal la segregación como resultado de una desigualdad descontrolada. Hay que poner atajo a ese curso de los hechos.
Un Estado Protector debe asegurar las prestaciones sociales fundamentales, evitando el asfixiante endeudamiento de las familias. Asimismo, debe garantizar el castigo eficaz a la colusión económica y el abuso en los precios y tarifas de los servicios públicos.
De igual manera, las disposiciones de un Estado Protector también han de enfrentar los abusos que desde el mismo aparato de Estado se cometen contra ciudadanos y ciudadanas sea por la burocracia, la represión policial o la ineficiencia.
Una nueva manera de entender la responsabilidad del Estado es urgente en Chile.Esa nueva mirada es la que debe permitir renovar y revigorizar la estabilidad democrática y la paz social.
Un Estado Protector que se plasme en una nueva Constitución Política de la República.