La gran discusión nacional del 2011 fue la Educación y, particularmente, el comportamiento del Estado con sus universidades y la educación superior del país.
La pregunta que quedó pendiente es si se logró algo más que posicionar el tema en la opinión pública, con todas las debilidades que tal posicionamiento tenga en el tiempo.
Una forma de reconocer lo logrado, y lo pendiente, es revisar lo que terminó siendo el presupuesto del Sector Público 2012 para la educación superior (1) y las universidades estatales del país. Y, podemos aprovechar este intervalo, en que no estamos en debate candente, para hacer la revisión.
Como sabemos el presupuesto del sector público expresa, cada año, la decisión gubernamental y estatal sobre los bienes y servicios que el Estado se hará responsable de proveer y/o producir.
En términos globales, el presupuesto 2012 para educación superior alcanzará a $1.369.012 millones de pesos , 2.611,3 millones de dólares(2) . Entre 2011 y 2012, el presupuesto para el sector aumentó en 20%, nominal.
Una primera señal de cómo van las cosas es que el 97% de los recursos para educación superior se canalizan a través de fondos y programas previamente existentes y en el resto (3%) se expresa una voluntad de reenfocarse o abrir nuevos caminos, entre los cuales están los denominados Fondos Basales a los cuales se asignan $11.800 millones, recursos que son apenas el 0,9% del total para educación superior y que van a todas las Universidades señaladas en el Artículo del DFL (Educación) Nº 4, de 1981 (Universidades Tradicionales), los Fondos de Fortalecimiento de Universidades y los Fondos Regionales.
Como el problema fue planteado por los estudiantes y, sin que sus dirigentes expresaran satisfacción al respecto, el aumento más notable ocurrió en las ayudas estudiantiles (becas, créditos). Además, claramente, éste es uno de los principales bienes públicos que genera el Estado con los recursos que asigna en el sector, generando con ello “acceso a la educación superior”.
Estos fueron los fondos que más se discutieron en el parlamento, el proyecto de presupuesto original traía un aumento de 16,4% y terminó con un aumento de 29,6%. En 2012 se otorgará becas, créditos y avales a los estudiantes para que paguen sus estudios de pregrado y se mantengan estudiando, por una magnitud de $784.861,5 millones de pesos, lo que representa 57,3% del total del presupuesto para educación superior.
La mayor parte proporción de esos recursos está destinada a becas para educación superior ($327.531,6 millones) y al fondo para crédito con aval del Estado, CAE, ($271.071,6 millones).
Beneficios que se expandirán y servirán para atender a los estudiantes de las universidades tradicionales y privadas, como ya estaba ocurriendo y también llegarán a los IP y CFT, todas corporaciones privadas. Esta distribución conserva la orientación básica de años anteriores y no establece ningún beneficio específico para las universidades estatales, excepto claro lo que proporcionalmente le llegará a los alumnos de estas corporaciones.
Los fondos para investigación serán $326.271,8 millones lo que significa un 23,8% del total para educación superior y crecen, en 2012, a una tasa de 11,4%, similar a los aumentos históricos que tenían estos fondos. Financian principalmente la actividad de investigación de las universidades complejas del país, que principalmente pertenecen al CRUCH (tradicionales).
Luego, estos recursos mantienen su distribución histórica y no cambian su destino. Sin embargo, los recursos creados este año para equipamiento de la investigación científica y tecnológica establecen una condición de contraparte que dificultará su acceso por parte de las universidades estatales, que normalmente tienen problemas de financiamiento de sus actividades.
Las expectativas que se tenían sobre este presupuesto eran altas. Se esperaba que avanzara en la solución de los problemas específicos planteados por el movimiento estudiantil y que, además, encaminara soluciones de carácter más permanente en el rediseño del sistema de educación superior.
Sin embargo, los recursos fiscales del presupuesto 2012 se repartirán proporcionalmente casi a las mismas instituciones y los mismos beneficiarios, luego no se produjeron grandes transformaciones en la decisión de avanzar con cambios en el sistema de educación superior. Se aumentaron los recursos de manera importante, pero no lejana a los incrementos que históricamente el Estado venía haciendo para el sector.
Quedan pendientes de abordar los problemas centrales formulados por el movimiento estudiantil, respaldados por el CRUCH y los conglomerados políticos de oposición al actual gobierno (gratuidad de la educación superior y fondos basales relevantes para las universidades estatales).
El tema de la gratuidad no se discutió, pero en cambio se avanzó en resolver el problema de acceso a la educación superior mediante más recursos en becas y créditos.
No hubo concordancia sobre la forma y magnitud de los recursos ni reconocimiento de estos avances por parte del movimiento estudiantil. Esta petición fue resuelta de forma parcial en el presupuesto aumentando los recursos para ayudas estudiantiles, donde los principales aumentos fueron en Becas para los estudiantes de las universidades del CRUCH.
Luego, la discusión está abierta y este año debieran tomarse decisiones de mayor relevancia sobre la educación superior y las universidades estatales.
(1) Incluye las partidas institucionales de los organismos que canalizan las transferencias de los recursos al sector: Ministerio de Educación MINEDUC, para Educación Superior (Partida 09, capítulo 01, Programa 30), para CONICYT (Partida 09, capítulo 08, Programa 01) y para la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, en la parte correspondiente a educación superior (Partida 09, capítulo 09, Programa 03).También, incluye los fondos del Ministerio de Economía, Subsecretaría de Economía, destinados al Fondo de Innovación para la Competitividad -Comité Innova-Chile/CONICYT- (Partida 07, capítulo 01, Programa 07) y al Programa Iniciativa Científica Millenium (Partida 07, capítulo 01, Programa 11).
(2) El dólar observado al 30 de noviembre fue $524,25.