La autoridad anunció el propósito de aplicar la ley de Seguridad del Estado para sancionar hechos de inusitada violencia, tales como la quema de buses de Carabineros o la agresión a una aeronave de dicha institución en servicio, que causaban serio e indudable riesgo al personal uniformado y a la comunidad.
Sin embargo, una vez más, la autoridad dice una cosa y hace otra; en efecto, los requerimientos presentados involucran a líderes y dirigentes de organizaciones sociales cuya participación en la movilización de protesta ciudadana obedece a su condición de tales.
Es decir, estamos ante un objetivo que claramente se aleja del propósito de investigar y aclarar la autoría de una agresión a Carabineros sino que de una acción de represión política.
Ésta busca acallar la protesta y castigar a las personas por su participación en una demanda de carácter regional, nítidamente transversal y ciudadana que el gobierno pretende sofocar sin dar solución; apenas enunciados de respuesta sin medidas prácticas, frente al petitorio regional más importante desde que estas existen.
Por eso, es una medida de coacción política y no de orden público. Más aun, al exacerbar los ánimos hace más difícil la situación. El gobierno no es inocente y sabe lo que hace, de modo que desde el punto de vista político, mi conclusión es que el gobierno no quiere restablecer el diálogo.
Su dependencia mediática y porfía le indican que una decisión que entregue a la región de Aysén lo que pide sería una fuerte señal de debilidad. De allí que trata de imponer a la fuerza, sin diálogo, su exclusiva posición.
Se equivoca el gobierno.
Cuando está de por medio el interés nacional no hay ninguna decisión que sea deshonrosa. Por la patria ceder no es humillarse. Hay que saber distinguir el bien superior del país y, desde esa perspectiva, no cabe duda alguna que la situación en Aysén debe resolverse con urgencia.
Obviamente, en el poder no se piensa así. No obstante, el resultado final de la tozudez es el inverso de aquel imaginado o deseado desde la autoridad. La obcecación, la falta de diálogo, el capricho de rechazar demandas obvias y evidentes, eso sí que debilita al que gobierna y le genera la impopularidad de la que quiere escapar.
Una última advertencia. Intentar forzar la entrega o la capitulación por cansancio del movimiento en Aysén es una errada pretensión. Tratar que los dirigentes sociales se sometan, ellos y sus representados, a la voluntad de una autoridad ciega y sorda, aplicándoles la ley de Seguridad del Estado será, una vez más, un despropósito.
La protesta social no puede confundirse ni menoscabarse con otro tipo de delitos. Ese error es un resabio del autoritarismo.