El documento “Un nuevo régimen político para Chile”, suscrito por Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, y Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, tiene el mérito de reivindicar el diálogo y la búsqueda de acuerdos entre una fuerza de oposición y otra de gobierno para impulsar las reformas políticas que el país no puede seguir postergando, en primer término el cambio del sistema electoral.
Se necesitaba coraje para tomar una iniciativa como esta, que previsiblemente iba a provocar recelos en los respectivos aliados y a desconcertar a mucha gente, pero las directivas de ambos partidos se atrevieron a dar el paso.
Las críticas más duras vinieron desde la UDI hacia RN, en tanto que los partidos de la Concertación, más allá de los rezongos incoherentes de algún parlamentario, se inclinaron hacia la valoración del acuerdo. Es probable que la mayoría de los chilenos haya visto con simpatía un esfuerzo que está orientado a mejorar el régimen democrático.
El documento propone avanzar hacia un régimen semipresidencial, que separe las funciones de Jefe de Estado (Presidente) y Jefe de Gobierno (Primer Ministro). El primero sería elegido por voto universal y tendría atribuciones exclusivas en las relaciones internacionales, la defensa nacional y la tuición de la administración pública, con funciones de moderación y arbitraje político.
Tendría, además, la facultad de disolver el Congreso por una vez en su período. El Jefe de Gobierno sería propuesto por el Presidente y aprobado por el Congreso. El documento no especifica si el Jefe de Gobierno sería un parlamentario o un ciudadano cualquiera.
Está muy extendida la crítica al presidencialismo extremo que existe en Chile, pero no es sencillo llegar a un acuerdo para modificarlo.
Semipresidencial se parece mucho a semiparlamentario, y es preferible prever los conflictos que pudieran surgir a partir de un híbrido institucional que no sabemos bien cómo funcionaría.
Las tradiciones cuentan: así como los chilenos tendemos a pensar que “el Presidente de la República es el que manda”, el solo hecho de que se proponga que él tenga la facultad de disolver el Congreso nos pone en estado de alerta. Esa disolución está consagrada en los regímenes parlamentarios, pero acá suena extraña. Hay que tratar de que el remedio no resulte peor que la enfermedad.
Y tal podría ser el caso si se produce una colisión entre las funciones del Presidente y del Primer Ministro. Como sea, es un debate abierto.
Lo realista es concentrar los esfuerzos en el punto 2 del acuerdo, “Cambio del actual sistema electoral”, en el que se propone avanzar hacia “un sistema electoral proporcional corregido, que permita ampliar sustancialmente la representatividad”, y en el punto 3, “Potenciar la calidad de la política”, en el que se plantean el financiamiento público de los partidos, la prohibición de las relecciones indefinidas en los cargos de elección popular, las primarias vinculantes y la obligación de los partidos de asegurar la democracia interna.
Esperemos que la discusión sobre el régimen semipresidencial no empantane la posibilidad de un acuerdo respecto de lo más urgente, que es establecer un sistema electoral proporcional, con nuevos distritos y circunscripciones. De ello depende el saneamiento de las elecciones parlamentarias.
No podemos elegir senadores y diputados el próximo año en los marcos de un sistema definitivamente viciado, que ha erosionado la autoridad del Congreso y ha introducido prácticas nefastas dentro de los partidos. Necesitamos elecciones verdaderamente competitivas.
¿Qué hará la UDI en este contexto? Son limitadas sus posibilidades: o intenta bloquear la reforma electoral, lo que revelaría una aguda falta de realismo puesto que la mayoría del país está a favor del cambio, o se integra al debate sobre la fórmula concreta de reemplazo del binominal.
Si sus líderes actúan “doctrinariamente” para defender la cuota de poder parlamentario que tienen, amenazando incluso con retirarse del gobierno, se arriesgan a cometer un error catastrófico.
¿Estarían dispuestos a quebrar la coalición gobernante y abandonar a Piñera en un año de elecciones municipales?
¿Cuántos alcaldes de la UDI mantendrían sus cargos si la derecha se divide?
¿Y qué pasaría en 2013 en las elecciones parlamentarias y presidenciales?
Se necesita un acuerdo que comprometa en lo posible a todas las fuerzas políticas, incluida la UDI. Para ello, es necesario dejar la calculadora a un lado y priorizar los acuerdos que sirvan al país.
La mayor responsabilidad es del Presidente Piñera: si impulsa resueltamente la reforma electoral, puede hacer una gran contribución al perfeccionamiento del régimen democrático.
Algunas reacciones ante el documento de la DC y RN demuestran que casi todos sintieron que se movía el piso, lo cual es saludable para la oxigenación y renovación de la política.
¿Podrían armarse nuevas coaliciones en el futuro? Nada está escrito.
Por lo menos, nos consta que algunos parlamentarios opositores han dedicado no poco tiempo a imaginar nuevos referentes. En todo caso, es valioso que Ignacio Walker haya reafirmado que la DC se ubica claramente en la centroizquierda y que sus aliados son los partidos de la Concertación.
¿Surge a partir de este documento la posibilidad de que en el futuro se formen otras coaliciones? Quién puede saberlo. Es una posibilidad siempre abierta. La DC, en todo caso, ha ratificación su adscripción a la alianza de centroizquierda que es la Concertación.