Nuestra región, la Araucanía, vive hoy momentos complejos y difíciles.
Nos enluta y afecta la muerte de siete brigadistas que murieron combatiendo un incendio forestal en las cercanías de Carahue.
Siete hombres que forman parte del enorme grupo de trabajadores tercerizados que durante el verano se dedican a estas faenas, no sabemos en qué condiciones, ni si contando con los recursos y la preparación necesarios.
Así las cosas, en este ambiente de profundo dolor, donde además debemos enfrentar día a día la compleja relación indígena no asumida integralmente y cómo corresponde por el Gobierno, el ministro del Interior llega a la zona y decide invocar la ley antiterrorista, dando a entender que tiene claras las responsabilidades o por lo menos utilizando la línea argumental del terrorismo.
Es decir, viene a rociar la región con bencina, cuando aún no tenemos clara la causa del incendio; una decisión de enorme irresponsabilidad, agravando aún más el clima social de la Araucanía.
El Gobierno, incluso, desconoce con su actuación, los informes que ha entregado Bomberos de Carahue y que señalan, como posible causa del incendio, actividades relativas a la producción de carbón.
El Ministro no conoce la realidad mapuche, ni la realidad regional, y se está adelantando en forma irresponsable, generando solamente más dolor.
Además, hay que ser claros, se auto atribuye facultades jurisdiccionales exclusivas y excluyentes del poder judicial.
No cabe duda, entonces, que se trata de una estrategia comunicacional, donde la línea argumental del Gobierno es hablar de terrorismo.
Nosotros, y, en lo personal, prefiero hablar de Humanismo e insistir en que, junto con investigar, lo central y por lo cual no podemos perder la atención, son estas siete personas fallecidas, siete trabajadores tercerizados, que no sabemos en qué condiciones realizaban su trabajo.
Además, me llama profundamente la atención que el Ministro utilice este discurso, sin la existencia aún de una investigación formal y en momentos en que se encuentra a punto de aprobarse la ley que el Gobierno presentó al Congreso para aumentar penas en los casos de tomas y personas que cubran su rostro en manifestaciones, un proyecto que votaremos en contra pues afecta los derechos civiles.
El próximo martes pediré, al momento de votarse la comisión investigadora por el incendio en el Parque Nacional Torres del Paine, que se amplíe la investigación a lo ocurrido en la Araucanía y que se aborde el tema central, que es la forma y condiciones en que se están enfrentando los incendios forestales y cómo se realiza la labor de los brigadistas y voluntarios en estas faenas.
No está para nada claro si se están cumpliendo las leyes laborales, si existe la debida capacitación y si el objetivo fundamental, de proteger las vidas de estas personas, es el eje principal.
La Araucanía está de luto, es una tragedia que nos afecta a todos, pero el camino y la solución, definitivamente, no pasa por rociar bencina y pretender que con la ley antiterrorista se contribuya a la paz social que tanto anhelamos.