Hace unos días salió a la luz pública una denuncia en contra de tres grandes empresas avícolas en torno a una eventual regulación del mercado de los pollos. Esta se suma a las denuncias ya comprobadas sobre los abusos de la multitienda La Polar, el superávit excesivo de las Isapres durante el primer semestre y a las investigaciones que ya llevan más de dos años acerca de la colusión en las farmacias.
Claro está que la teoría de la autorregulación del mercado es absolutamente falsa y que la avaricia y el deseo de poseer y ganar más y más no tienen techo para los ambiciosos de poder y dinero.
Hasta los seguidores más abiertos del dios lucro se han dado cuenta de que debe haber más y mayor regulación por parte del Estado y de los consumidores, si lo que se quiere salvaguardar es la libre competencia que no veje los marcos legales, ni los derechos básicos de las personas.
Ante estas noticias – y, como siempre, pareciendo llegar tarde– aparece la clase política, escandalizada ante semejantes atropellos, y buscando “con cara de velocidad”, medidas sobre cómo hacer frente a este tipo de estructuras que posibilitan y perpetúan la usura y la injusticia por parte de los ricos y poderosos en contra de quienes no están en su posición.
El presidente de la República anunció hace un par de días la creación de una comisión de expertos que lo asesorarán a él y al ministro de Economía para tomar decisiones en vista de modernizar los marcos legales para evitar posibles colusiones y abusos de las empresas.
A la comisión se le da un plazo de 6 meses para entregar una propuesta al ejecutivo con el propósito de que la libre competencia sea respetada.
Ante esto, uno podría decir: ¡qué bueno, el presidente vela por los intereses de la mayoría de los chilenos para impedir los abusos de las grandes empresas!
Pero, por favor, ¡dejen de jodernos!
Esto de las comisiones como la gran garantía de los esfuerzos para generar cambios ante las situaciones de injusticia y abusos que aquejan a nuestra sociedad, más que darme una señal de tranquilidad, hace que me surjan innumerables dudas respecto del paradigma de solución que esconde el recurso hipertrofiado de la comisión. Me provoca una honda – y ya conocida – indignación.
Una y otra vez, la clase política y dirigente de este país llega tarde a todos los problemas.
Lo que ayer fueron las farmacias, el transporte, las multitiendas, etc. hoy son las empresas ligadas a la producción avícola (¡y le faltaban pollos a nuestra cazuela!).
Día a día siguen palpitando vigentes el tema educacional, el de la salud y la vivienda, y el ejecutivo sigue creyendo que solucionará los problemas llamando y financiando a un grupo de selectos ingenieros expertos para entregarles propuestas para “hacerle frente” – al menos, momentáneamente- a ese problema en particular.
Esto, evidencia que el “comisionismo” es muletilla que surge de una ponderación pobre y superficial de los problemas que enfrentamos como sociedad, y manifiesta la inexistente voluntad política para reformas estructurales legales que construyan la sociedad que todos parecemos desear, pero que “curiosamente” se nos escurre entre los dedos como una mera utopía día a día.
Nuestras clases dirigentes se han convertido en meros “expertos” ataja penales que no van a ninguna solución de fondo, estructural, el verdadero “chilean way”. Es la costumbre de actuar en crisis, para y por la crisis, pero no para sanear las raíces de hitos sólo sintomáticos en una sociedad que vive a diario los males de la injusticia y los abusos más descarados.
Cada vez más, se convierte en un hábito la creación de comisiones inoperantes financiadas por fondos del Estado para elaborar propuestas que el gobierno de turno y los parlamentarios no están dispuestos a escuchar ni a ejecutar en serio.
¿Comisión de qué? ¿Para qué? , es lo que me preguntaba un poblador de la zona sur de Santiago al informarle sobre las declaraciones del Presidente respecto a la colusión de las empresas avícolas.
Y ¿dónde están nuestros parlamentarios que no son capaces de darse cuenta de estos problemas, de anticiparse a los posibles conflictos o estallidos sociales? Y después se lamentan de que haya violencia en la calle o que la calidad de vida – a pesar del crecimiento económico- no haya aumentado ni un céntimo.
¿Dónde está nuestra clase política para que se atreva radicalmente a proponer su opinión respecto de tantos abusos y eleve propuestas concretas sobre todos los temas que a la ciudadanía le importan?
No es un favor que ellos hacen al pueblo, es su deber ser capaces de visualizar las injusticias y anticiparse a los estallidos para luego – junto a la ciudadanía de a pie u organizada- elaborar planes concretos y reales en vista de mejorar real y honestamente la vida de las personas a las cuales ellos y ellas representan.
Nada de andar llamando a comisiones de expertos de ínfimos círculos que vengan de afuera a “hacerles la pega” o a “vender humo” sino que ellos son quienes deben hacerse cargo y, con valentía, representar a quienes confiaron en ellos y no los intereses de unos pocos que buscan engordar su avaricia y deseo de poder.