El Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, ha debido nuevamente representar ante la opinión pública: “existe una actividad política destinada a presionar la función de los jueces frente a un fracaso de una promesa de seguridad que no se ha cumplido”, ello frente a las críticas y el menoscabo del Poder Judicial y del Ministerio Público realizadas desde el gobierno, involucrándose en ellas directa y personalmente el propio Presidente de la República y sus ministros del Interior y de Justicia.
Como es sabido, en Chile se elije cada cuatro años, por elección popular, un Jefe de Estado dotado de amplísimas atribuciones.
Estamos en un régimen fuertemente presidencialista.Es así que en su relación con el Congreso Nacional el Presidente de la República tiene amplísimas atribuciones que le entregan primacía constitucional, posee la atribución exclusiva de gasto público y de administración financiera del Estado, así como en lo referente a impuestos y tributos de cualquier naturaleza.
Además, decide las urgencias en el trámite de las leyes y recibe facultades exclusivas en materia de seguridad social y en el mando de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Publica.
Se habla incluso de una monarquía presidencial.
Como si fuera poco el gobierno de Sebastián Piñera mantiene desde hace meses un severo cuestionamiento a la independencia de los Tribunales de Justicia. Ha enviado proyectos de ley que les debilitan y fortalecen las fuerzas policiales.
¿Que pretende Piñera?, ¿el monopolio total del poder? En democracia tal pretensión es inadmisible.
En un esfuerzo por captar las razones profundas del ataque a los jueces se puede visualizar que la tan proclamada meta de terminar la fiesta de la delincuencia se ha hecho agua. Las noticias de cada día así lo confirman.
Sin embargo, la frustración del gobernante no puede significar tentaciones autoritarias como la de acumular más poder en torno a la Jefatura del Estado, tal idea es insostenible e inaceptable.
El Presidente debe entender que la tendencia moderna es descentralizar el poder y no concentrarlo todavía más.
Mientras intenta en vano que la sociedad dependa de lo que diga o haga, el protagonismo social que caracterizó esta etapa reclama más participación ciudadana, mayor espacio al diálogo social y menos engreimiento y soberbia de las autoridades.
No es la hora de mandar, es el momento de escuchar.