De manera desusada, el viernes pasado, el Presidente de la República salió a defender a su muy debilitado ministro del Interior, sr. Rodrigo Hinzpeter, incluido como pasajero de última hora en la gira de su Excelencia, a la ciudad de Concepción.
El espaldarazo del gobernante es temerario. De sutileza intelectual o de política de Estado no tiene nada.
En efecto; el casi ex ministro se encuentra en medio del ojo del huracán en el debate nacional, debido a su reiterada insistencia de interferir en la acción privativa de los Tribunales de Justicia y del Ministerio Público para justificar el fracaso de las acciones y políticas en contra de la delincuencia, que son de su responsabilidad política.
Según el informe del propio Ministerio a su cargo, en los meses de julio, agosto y septiembre el robo con intimidación experimentó un alza de un 17,9% y las denuncias por robo con fuerza y hurtos aumentaron en 10,8 y 9,2 respectivamente.
Esto solo se refiere a las denuncias que hace la población; ya es ampliamente sabido que la misma ineficiencia de la autoridad lleva a que muchas familias se resignen o no hacen las denuncias.
El sr. Ministro en cuestión ha cultivado la imagen pública de un funcionario que no trepida en enfrentarse a los delincuentes, en mostrarse como un Sheriff al que no le tiembla la mano, pero pareciera que tiene la pólvora mojada. Sus recetas no han servido, hoy la situación es más grave que ayer.
Por eso, ha llamado la atención la obstinación presidencial; no importa el conflicto con Milton Juica, Presidente de la Corte Suprema, la controversia con Sabas Chahúan, Fiscal Nacional; las polémicas con múltiples actores y la incómoda posición pública del afectado; contra todo ello, irrumpe Sebastián Piñera.
¿Para salvar un amigo?, ¿porque no encuentra reemplazante?, ¿por evitar una imagen de derrota en su principal promesa de campaña?. El gobernante, en su fuero interno conoce la razón, pero el país necesita un ministro del Interior que respete la independencia del Poder Judicial y que rectifique una estéril política represiva, por una acción capaz de prevenir y sancionar adecuadamente el delito que se comete en nuestro país.
Para ello, el Presidente de la República debiera hacer uso de sus facultades constitucionales y reorganizar su gabinete.
La obstinación puede ser mala consejera, ya que es secreto a voces que el país requiere un nuevo ministro del Interior.