Las innumerables demandas que la ciudadanía está manifestando hoy por MÁS ESTADO, hacen preguntarse ¿por qué muchas de estas demandas no fueron satisfechas en los 20 años de los Gobiernos de la Concertación, considerando que eran gobiernos de centro-izquierda?
Las respuestas que se han difundido a estas preguntas apuntan a aspectos tales como: “se avanzó en la medida de lo posible considerando la fragilidad de la democracia recién alcanzada” o “la oposición a los gobiernos de la Concertación no habría apoyado iniciativas en esa línea”. Siendo ciertos estos argumentos, la presente columna plantea una respuesta complementaria.
El argumento en cuestión considera al menos dos partes.
El primero es visualizar el contexto histórico en que asumió el primer Gobierno de la Concertación; donde un aspecto relevante a considerar, es que el año 1990 estuvo precedido por el término del socialismo en los países de la órbita soviética, hecho que impregnó todos los acontecimientos de la época y cuyos hechos visibles fueron la instalación de la Perestroika en la URRS durante el año 1987 y la caída del muro de Berlín a fines de 1989.
Es decir, meses antes que volviera la democracia y asumiera la Concertación en Chile, en el mundo se observaba como triunfaba el capitalismo por sobre el socialismo, o lo que es similar, el mercado “derrotaba al Estado”.
Así, se construía un ambiente ideológico que impregnaba a todos los sectores y que acuñaba como discurso “el mercado lo hace mejor que el Estado…o sino miren lo que pasó en los países socialistas…”, discurso que se fue instalando con fuerza en el imaginario colectivo de las personas, e incluso en un importante segmento de de la izquierda chilena, de la denominada “izquierda renovada” grupo que abrazó sin escrúpulos las leyes del mercado.
De hecho uno de los libros recurrentes en la intelectualidad chilena era “El fin de la historia…” de F. Fuyama, cuya tesis planteó la hegemonía del capitalismo por siempre.
En este escenario, un gobierno nuevo, elegido democráticamente después de 17 años con sólo el 55% de la votación, difícilmente asumiría devolverle al Estado servicios sociales que habían sido traspasados al sector privado, ya que los medios de comunicación, los círculos intelectuales y los “economistas expertos” proponían una línea contraria, haciéndose parte del discurso que desprestigiaba al Estado.
Lo anterior estuvo un largo período en boga, donde más que asumir el Estado acciones o servicios hacia la ciudadanía, el gobierno continuó implementando iniciativas de traspaso de servicios estatales al sector privado, siguiendo la misma línea de lo que hacían los países emergentes en todo el mundo.
Sin embargo, esta tendencia ideológica -que corría por las venas de la mayoría de la ciudadanía-, se empezó a desplomar el año 2007 con la crisis financiera de Estados Unidos (USA) y de Europa, denominada “crisis subprime”, donde el mercado financiero sin regulaciones, prácticamente hizo quebrar las economías de los principales países desarrollados, afectando a todo el planeta, y donde se tuvo que recurrir al Estado de cada país para que inyectara grandes cantidades de recursos a la economía, a fin de salvarla de una eventual bancarrota.
Es decir, el péndulo regresaba a su otra posición, desprestigiando al mercado y valorando el rol del Estado como motor del bienestar de las personas. En este sentido, no es casualidad que recién el año 2008 la Concertación, en el Gobierno de Michelle Bachelet, iniciara políticas donde el Estado asumía mayor protagonismo.
Hoy la crisis financiera en los países desarrollados no ha finalizado, por lo que el desprestigio del mercado como proveedor de servicios sociales ha continuado y se ha profundizado, acuñando en el inconsciente colectivo el discurso “…en las prestaciones sociales el Estado lo hace mejor que el mercado”. En consecuencia, hoy es fácil abrazar discursos y propuestas dirigidos a devolver al Estado los servicios sociales. Antes no lo era.
Un segundo argumento refiere a la situación de riqueza del país, ya que el año 1990 las arcas fiscales no contaban con reservas de divisas, ni mucho menos, sólo existían deudas (un 44,8% del PIB era la deuda pública de Chile); ello es claro cuando se recuerda que el recién instalado Gobierno de la Concertación tuvo que efectuar un “pacto social” con la oposición para abordar un aumento de impuestos que permitiera incrementar en algo los recursos de las precarias prestaciones de salud y educación.
Es decir, el país no tenía recursos para proponer “Más Estado”, situación que duró muchos años, vinculada al exiguo precio del cobre, que hasta el año 2003 tuvo un valor menor a un dólar la libra; por lo cual si los gobiernos concertacioncitas se proponían efectuar nuevas obras debía ser con la participación del sector privado, ya que las posibilidades de invertir del Estado eran en extremo estrechas, más aún con una política fiscal que mantenía férreamente los equilibrios macroeconómicos.
Por ello, las carreteras o autopistas, aeropuertos, recintos penitenciarios, etc., se hicieron con la inversión del sector privado. En consecuencia, aunque la Concertación hubiera querido traspasar servicios sociales que administraban los privados hacia el Estado, difícilmente hubiera podido.
Sin embargo la situación de estrechez cambió drásticamente el año el año 2006, cuando el precio de la libra de cobre se empinó sobre los tres dólares, y prosiguió aumentando, lo cual permitió obtener reservas de divisas y engrosar las arcas fiscales a niveles nunca antes vistos. De hecho, ese año con Michelle Bachelet como presidenta, se empieza a prescindir del sector privado en la inversión de bienes públicos.
En definitiva, hoy es fácil pensar y proponer Más Estado, ya que existe un “viento ideológico que sopla en esa dirección” y también están los recursos para hacerlo, aspectos que no existieron en los Gobiernos de la Concertación.
Más aún, hoy se puede proponer sin timidez “más Estado de verdad”, es decir, no sólo incrementando su rol regulador con más superintendencias, o aumentando las subvenciones para que la ciudadanía reciba prestaciones del sector privado, sino con un Estado que entregue servicios a la ciudadanía directamente.