Se nota un ambiente belicoso en la política nacional. Prueba clara de ello es que las mesas de ambas cámaras del Congreso Nacional están bajo censura, las que serán votadas y probablemente rechazadas luego de debates que se esperan enconados.
En un caso se censuró al presidente de la Cámara de Diputados por haber llamado a las fuerzas especiales para que desalojaran a los manifestantes.
En el otro, se censuró al presidente del Senado por no haber llamado a las fuerzas especiales para que desalojaran a los manifestantes.
Se trata de dos posturas extremas, en las cuales la primera parece privilegiar la represión por sobre el derecho a manifestarse y la segunda lo contrario.
En mi opinión, ninguna de estas versiones pasa de ser simplificaciones. Lo que está en el trasfondo es algo mucho más profundo.
Lo que sucede con Melero es que él, como muchos de su partido y de la coalición que integra, no ha aprendido a vivir en el marco de la agitación ciudadana y no saben otra cosa que recurrir a la represión como única e inmediata solución a todo lo que se salga de los marcos.
Para ellos no existe la posibilidad de buscar otro tipo de fórmulas, salvo que sean posteriores a la represión.
Una excepción ha sido Cecilia Pérez, quien parece buscar entendimientos primero y por eso mismo es duramente criticada por aliados, como el alcalde de Santiago.
Más allá de lo simpáticos y amables que puedan ser los diputados de derecha en sus conversaciones personales, cuando se trata de enfrentar las manifestaciones no parecen ser capaces de resolver las cosas sin declaraciones o actitudes destempladas, llenas de descalificaciones y amenazas.
En sentido contrario, entiendo perfectamente que Asencio, Latorre y otros hayan reaccionado con dureza extrema frente a la presencia de las llamadas “fuerzas especiales”, pues no sólo su forma de reprimir es exagerada considerando el lugar en que se produce, sino que lo sería en cualquier ambiente, pues revela un grado de brutalidad innecesaria para el objetivo de desalojar.
Quizás yo hubiera hecho lo mismo que ellos.
Respecto de Girardi, el asunto hay que separarlo.
Es verdad que él se ha presentado como pacifista y eso es digno de considerar, sobre todo en un hombre cuyas metodologías políticas no han sido de una ética intachable precisamente.
Estoy seguro de que en su lugar muchos de los que no son de derecha, hasta Walker, habrían preferido primero conversar y luego recurrir a una fórmula que incluyera a Carabineros, pero cautelando la intensidad y metodología en el uso de la fuerza. Eso está bien. Pero Girardi dijo que nunca usaría la fuerza, porque el Senado es un espacio ciudadano.
Tal como lo dijera Peña en El Mercurio, ninguna autoridad del Estado puede renunciar anticipadamente al uso de la fuerza de modo general.
Decir que nunca recurrirá al aparato represivo del Estado es un error gravísimo, porque implica renunciar al ejercicio monopólico e institucional de la fuerza para garantizar el cumplimiento de la ley y la mantención del orden democrático.
El presidente del Senado podrá poner límites, exigencias o condiciones a los policías para su conducta al interior de las dependencias, pero lo que no puede hacer es permitir que personas, aunque sean de su propio grupo de acción, irrumpan violentamente para interrumpir la acción del único órgano de representación democrática del país y se apoderen de los espacios impidiendo el trabajo a favor de los ciudadanos.
Todas las personas pueden ser ciudadanos, también los que delinquen, y eso no las autoriza a apoderarse de los espacios donde se desarrollan quehaceres públicos.
Los espacios ciudadanos son para todos y no sólo para los audaces que se apoderan de ellos con malas artes.
En todo caso, censurar a Girardi por esto y no por sus demás actuaciones, es tan absurdo como que los socialistas quieran expulsar a Estévez por no darle entradas a los hinchas del Colo-Colo pero hayan callado por su adhesión práctica y activa al capitalismo mediante el expediente de hacerse designar director del banco de Chile.
Un respiro y a bajar la adrenalina.