El episodio de los Ipad en la Cámara de Diputados solo viene a ratificar la falta de sintonía fina entre nuestros representantes y el pueblo soberano.
Se suscita precisamente cuando la desconfianza de la ciudadanía en el sistema político ha alcanzado los mayores índices y el malestar y la movilización social son crecientes
Sin embargo, esto no ocurre solo en Chile, como lo constatan el historiador Pierre Rosanvallon y el economista Jean Paul Fitoussi en su obra La nueva era de las desigualdades: “el problema, entonces, no es que los políticos, considerados individual y particularmente, estén personalmente apartados de sus conciudadanos, sino que comprenden mal la sociedad globalmente considerada”.
“Puesto, que ésa es sin duda la paradoja, los diputados, cualquiera sea la formación a la que pertenecen, se pasan la vida conociendo gente y arreglando los problemas de sus electores, pero no saben traducir este conocimiento en el campo político. Han perdido su capacidad de intermediación y de portavoces, para no ser más que acompañantes silenciosos de una cotidianidad no dilucidada, incomprensible”.
Para modificar esta situación creo que al menos hay tres vertientes en las cuales actuar:
Primero, debemos mejorar nuestro sistema político introduciendo cambios sustantivos en la institucionalidad. Es crucial contar con una carta magna legítima en su origen, democrática en su formulación y participativa en su constitución.
Se debería propiciar una asamblea constituyente que genere una nueva Constitución para Chile, que incluya la iniciativa popular de ley; la posibilidad de convocatoria ciudadana a plebiscitos nacionales; la creación del Defensor del Pueblo u Ombudsman; un sistema electoral proporcional; la inclusión de cuotas de género o de una democracia paritaria.
Además del desarrollo de primarias públicas, abiertas y vinculantes financiadas por el Estado; el límite en la reelección de representantes; la postergada inscripción automática en los registros electorales; el voto de chilenos en el extranjero; la elección directa de consejeros regionales e intendentes.
Se deben modificar los elevados quórum constitucionales en el proceso legislativo; mejorar y transparentar el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, y cambiar el sistema de reemplazo de nuestros parlamentarios.
Una segunda vertiente es restablecer aquel contrato social que señala que el poder reside exclusivamente en el pueblo y que la entrega a los representantes no es un mandato sin control ciudadano, ni responsabilidades sociales.
Aquí nadie entrega la conducción de las decisiones a cuatro u ocho años sin mayor relación. Debe existir control social y accountability.
Al Estado y los representantes, les corresponde rendir cuentas (accountability) y abrir los espacios estableciendo mecanismos para que la ciudadanía activa pueda desarrollarse.
Y a la sociedad civil, le corresponde la responsabilidad de ejercer control ciudadano y desarrollar ciudadanía activa.
Tercero, hay que inventar una “política de la experiencia”, que parta de la vida cotidiana de las personas para deducir de allí reformas o transformaciones generales, y no a la inversa.
Las personas quieren que las preguntas se formulen correctamente antes de escuchar respuestas preestablecidas. La política debe hacerse considerando siempre los principios y los fines de su acción.
A diferencia de los diversos discursos que se escuchan, como por ejemplo: “que se vayan todos” o “el pueblo unido avanza sin partidos”, considero que más que llenar de insultos a la “clase política” o a los partidos políticos haciéndolos responsables de todos los problemas actuales, es indispensable y urgente volver a otorgar un sentido de servicio público vigoroso a la acción política.
Este proceso debe ser conducido por nuestros representantes, es lo que Chile está pidiendo para poder entrar en una nueva era de la ciudadanía.
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