A raíz de un programa de televisión, en que se acusa a un diputado de haber utilizado en forma ilegal certificados para acreditar la condición de exonerado, es bueno compartir algunas reflexiones, sobretodo como integrante de la comisión de DDHH de la Cámara de Diputados.
No confundir roles, aunque es difícil no hacerlo en una sociedad red como la nuestra.
Cada institución que hemos creado debe hacer sus tareas y cuando hay algo que investigar, hacerse cargo de los hechos y si hay faltas o delitos, sancionarlos según lo indica la ley.
No somos jueces, somos diputados y como tales, debemos utilizar las herramientas que tenemos a disposición, para actuar políticamente y reglamentariamente como corresponde.
El juicio mediático no debería pautear el trabajo parlamentario, pero las alarmas sociales deben prepararnos para enfrentar los hechos adecuadamente.
En ese sentido, enviaremos oficios al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público, a la Contraloría para investigar los dichos en una transmisión de TV que denuncia irregularidades en el programa de reparaciones de los derechos humanos de Chile.
Las malas intenciones expresadas por diputados de la derecha, para sacar provecho político de esta situación, nos desvían del tema de fondo que es proteger a las víctimas de violaciones en sus derechos fundamentales y si hay falsos beneficiarios, tomar las medidas necesarias para que la verdad sea conocida.
Sin duda, los medios de comunicación tienen un rol fundamental en esta tarea.