La decisión del Gobierno de enviar y lograr la aprobación del Proyecto de Ley para tipificar como delito acciones de protesta social y manifestación ciudadana, es muy grave y profundamente antidemocrática.
Esta iniciativa legal que nos anuncia el Gobierno es absolutamente comparable a la tristemente famosa Ley Maldita del mal llamado Presidente de la República, Gabriel González Videla.
Muchos compatriotas sufrieron la prisión, tortura y muerte gracias a esa ley que según sus promotores buscaba defender la democracia chilena.
Pero no me asombra. Conocí dolorosamente al entonces estudiante de derecho y hoy ministro de Justicia, Teodoro Rivera y sé de su profunda admiración al Gobierno de su General Pinochet.
Tampoco olvido las declaraciones del ministro Rodrigo Hinzpeter al anunciar que negaba permiso y castigaría a quienes participaran de la Marcha convocada por las organizaciones estudiantiles para el 4 de Agosto de este año: “nuestro Gobierno no autorizará nuevas marchas estudiantiles en la Alameda, en primer lugar porque el tiempo de las marchas a nuestro juicio se agotó, en segundo lugar porque hemos hecho una propuesta amplia, grande y generosa, para debatir los temas de educación que nos interesan..”.
Esa decisión ministerial fue acompañada de una represión brutal de Carabineros a los(as) niños(as) y jóvenes con un saldo de más de 800 estudiantes detenidos y otros tantos lesionados.
Fue tan grave y desproporcionada la represión ese día 4 de Agosto que suscitó una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que ésta manifestó“su preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones estudiantiles llevadas a cabo en Chile, el jueves 4 de agosto, que habrían significado la detención y uso desproporcionado de la fuerza en contra de centenares de manifestantes, entre ellos estudiantes secundarios y universitarios” (comunicado de prensa N° 87/11, disponible www.cidh.oas.org).
Las declaraciones previas del ministro Hinzpeter contrarias al uso de avenidas y espacios públicos para reunirse y manifestarse, su decisión de reprimir con la fuerza policial, y hoy su Nueva Ley de Defensa de la Democracia, evidencian una actuación de la autoridad que busca la criminalización de la protesta social, lo que es inaceptable, porque dichas manifestaciones ciudadanas están constitucionalmente protegidas por los números 7, 12 y 13 del artículo 19 de la Constitución.
Lo que de acuerdo a la Constitución es ejercicio legítimo de un derecho fundamental este Gobierno quiere transformar en un acto antijurídico.
Pues, como es obvio para todos, los hechos graves de violencia, saqueos y destrucción de bienes públicos y privados están tipificados y sancionados en nuestra legislación y no requieren ninguna nueva ley para accionar ante la Justicia.
Conforme al artículo 19 N°13 de la Carta Fundamental , “la Constitución asegura a todas las personas el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía”.
Este derecho es una condición esencial del régimen democrático, precisamente por su calidad de derecho político por excelencia, junto a derechos como el de expresión, asociación y sufragio.
Por su calidad de derecho político fundamental, la garantía constitucional es categórica: la constitución no sólo garantiza el derecho a reunión, sino el derecho a reunirse sin permiso previo.
El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado (art. 39).Lo anterior implica que el ejercicio de los derechos y garantías que la constitución asegura a todas las personas no pueden ser afectados en condiciones de normalidad.
El Proyecto de Ley del Gobierno para definir como delitos las manifestaciones de protesta social interrumpiendo el tránsito y/o bien ocupando espacios públicos es sencillamente contrario a la Constitución Política y, sobre todo, contrario a un concepto básico de democracia.
Aceptar sin protestar esta iniciativa legal del Gobierno es un suicidio colectivo.
Aceptar que exista una Ley que declara delito la manifestación pública de los ciudadanos, como lo pretende este Mensaje Presidencial, es una barbaridad que nos llenará de vergüenza ante nuestros hijos(as) y nietos(as), y ante la historia.
Es hora de no callar. Es hora de protestar. Nuestra decencia está en juego. Nuestra democracia está en serio riesgo.
Es tan grave esta NUEVA LEY MALDITA, que debemos manifestarse en todas las calles de Chile para impedir que exista (antes que nos declaren delincuentes por esta legítima manifestación).