No deja de ser simbólico que haya dejado de existir uno de los fundadores de la Concertación como es Gabriel Valdés, en momentos en que la coalición de partidos por la democracia definitivamente cumplió un ciclo en el sistema político chileno contemporáneo.
Se fue el “Embajador de Chile democrático”, como lo llamó Máximo Pacheco, y junto con él, un período histórico marcado por la lógica de la transición y el binominalismo.
Por más esfuerzos de coordinación que hayan hecho los cuatro presidentes/a de partidos y los/as parlamentarios/as frente a proyectos de ley que tal como estaban planteados inicialmente por el gobierno implicaban un retroceso en materia de derechos, la Concertación parece haber cumplido un ciclo.
Nacida para impedir la continuidad del régimen autoritario, condujo el proceso de transición a la democracia e instaló una agenda de modernizaciones especialmente en materia de políticas sociales.
Pero ya fuera del Poder, ha quedado en evidencia que durante 20 años la Concertación actuó como lo que algunos analistas han considerado una suerte de tapón de las reivindicaciones de cambio estructurales.
Durante su gestión, una sociedad civil demasiado atomizada por la propia Concertación le perdonó a esta coalición su principal pecado: no haber instalado un régimen constitucional legítimo y haber administrado el modelo económico impuesto por la dictadura.
Crecer con igualdad no pasó de ser más que un slogan y sólo haber parchado la Constitución es hoy lo que la ciudadanía le saca en cara a esta coalición, que tanto se acostumbró al poder que lo perdió.
Pero como hemos visto este año, la instalación de un gobierno de derecha ha estimulado la expresión de demandas ciudadanas reprimidas por 20 años.
Se acabó el complejo por la movilización social y las reivindicaciones por una democracia más representativa y participativa se instalaron en el primer lugar de la agenda, con la solicitud de reformas políticas de fondo.
La tendencia al rechazo de esta coalición política que ya es tendencia y se confirmó con los resultados de la Adimark de la semana pasada, donde el rechazo se empina por sobre el 71%, ha dejado en una incómoda posición a su dirigencia.
Es así que Osvaldo Andrade, Presidente del PS, ha sostenido que “creo que es hora de tomar algunas resoluciones radicales al respecto”.
La política de los acuerdos en la que se movieron los dos bloques que constituyeron el llamado “duopolio de la transición”, ha llegado a su fin. Se agotó un sistema electoral como el binominal que privilegió la conformación de bloques, porque hoy es necesario que la proporcionalidad dé cabida a nuevos actores en la arena política.
Parafraseando las palabras que pronunciara Gabriel Valdés a inicios de los 90 “la democracia no existirá 100% mientras el general Pinochet sea el Comandante en Jefe”, en pleno 2011 bien podríamos afirmar que la democracia no será plenamente legítima y representativa si no se impulsan reformas políticas radicales.
Se ha ido un fiel representante de la primera transición -ésa que se define como el paso de un régimen dictatorial a uno democrático-, justo cuando el país enfrenta el desafío de iniciar una segunda transición, esta vez a una verdadera democratización social.
Esta segunda transición ya no deberá ser conducida por la misma clase política que se fue olvidando de sus principios fundacionales. Si bien la Concertación sigue representando la oposición institucional, hace rato dejó de estar a la vanguardia de los cambios que Chile necesita.
Justamente por ello la Presidenta del PPD, Carolina Tohá, está condicionando asumir la vocería del conglomerado a la ampliación de la Concertación incorporando nuevos actores, que habría que añadir son los legítimos dueños de la soberanía popular.
Ese espacio hoy es de los movimientos sociales y de las bases organizadas, que a través de los estudiantes han sabido leer el urgente llamado del régimen político por reformarse para no caer en una profunda deslegitimidad que cuestione la gobernabilidad de la que por años el país se ufanó.