El movimiento estudiantil y otros sectores le exigen una intervención cada vez mayor al estado dentro de la economía y la sociedad para efectos de mejorar los productos y servicios que generan los sistemas de provisión de bienes públicos y preferentes, como asimismo asegurar la concreción de ciertos impactos en la ciudadanía.
Sin embargo no veo a nadie realmente preocupado en el debate público actual sobre el proceso de modernización del estado chileno, que resulta ser una condición sine qua non para que estas exigencias se materialicen.
Debemos de una vez por todas concluir nuestra transición desde un estado burocrático a uno posburocrático y entender que la misma será presupuestalmente muy onerosa pero necesaria.
Esta transición al paradigma posburocrático implica que nuestro país consolide de una vez por todas un verdadero servicio civil, que sea gestionado para que la noción de rendimiento se incorpore a la ética pública de todos los funcionarios del estado, y no sólo sus directivos de nivel primario y secundario.
En definitiva, las exigencias de la ciudadanía requieren lo que Allen Schick acuñó como El Estado que Rinde; es decir, un estado más flexible y orientado a la provisión de productos y servicios que gatillan estratégicamente impactos políticos o resultados finales que son valorados colectivamente, más que al cumplimiento rígido de insumos legales o reglamentos anticuados, o a la perpetuación de servicios y organismos públicos insulares y descoordinados.
Los políticos y los ciudadanos deben tener esto presente. Sin un estado que rinde a nivel central, regional y local, no habrá mejor educación y calidad de vida para la mayoría, tampoco más legitimidad para el sistema político.