La agitación y el malestar social que vive el país es el resultado de una serie de temas no resueltos en nuestra sociedad que han generado una enorme frustración en la opinión pública.
Lo que hoy vemos es un profundo cuestionamiento a nuestra actual institucionalidad política, económica y laboral, la que está muy lejos de responder a las aspiraciones de la mayoría de los chilenos.
Por este motivo, creo que es fundamental acordar un conjunto de reformas en cada uno de esos ámbitos. De lo contrario, corremos el serio riesgo de que las movilizaciones y el malestar que hoy estamos viendo se intensifiquen en el futuro.
Por eso, y recogiendo lo que planteamos en la pasada campaña presidencial, propongo avanzar hacia un conjunto de reformas políticas, de manera de solucionar las evidentes deficiencias de nuestro sistema democrático.
La primera de ellas debe ser la elaboración de una nueva Constitución, pues nuestro actual ordenamiento constitucional consagró una democracia protegida plasmada en un sistema electoral poco representativo, en la carencia de mecanismos de participación e inspirada en la desconfianza a los ciudadanos.
En los últimos veinte años se le han introducido más de cien reformas y pese a ello, el desencanto con nuestra institucionalidad política sigue aumentando y cada vez vota menos gente en nuestras elecciones, pese a que desde 1990 nuestro electorado potencial creció en más de cuatro millones de personas.
Por eso propuse la Constitución del Bicentenario, la que hoy creo más necesaria que nunca para darle un nuevo impulso a nuestra democracia.
A la vez, estimo indispensable regular el sistema de primarias para los cargos de elección popular, ya que ahí tenemos una evidente crisis de legitimidad y representatividad.
Todos sabemos que los partidos escogen a sus candidatos mediante procedimientos muy poco transparentes, generalmente digitados por la oligarquía partidaria, entre cuatro paredes y a espaldas de la ciudadanía.
En este sentido, la nominación de los candidatos mediante primarias es un avance democrático, pues permite que éstos sean fortalecidos y validados por los propios electores, con lo cual, además, se realza la meritocracia en detrimento de la “dedocracia”.
Otro valor agregado que tiene este tipo de mecanismos, es que contribuye a satisfacer una de las principales demandas de la población: poder participar y contar con mayor poder de decisión en los grandes asuntos del país.
La experiencia recogida en distintos ámbitos, no sólo en la política, demuestra que cuando a la gente se le brindan espacios sí participa y lo hace con entusiasmo.
De hecho, las primarias efectuadas recientemente en Argentina son un buen ejemplo de ello, pues contaron con un nivel de participación que sobrepasó largamente las expectativas.
En efecto, más de 21 millones de personas concurrieron a votar, es decir, casi el 75 por ciento del padrón electoral de ese país y un millón más que en las elecciones presidenciales de 2007.
A menudo tendemos a mirar por encima del hombro al resto de los países latinoamericanos y a sobrevalorar nuestros logros políticos, económicos y sociales.
Sin embargo, al menos, en lo que a evolución de nuestro régimen democrático se refiere, la verdad es que estamos bastante atrasados. Por sólo citar dos casos, Uruguay y Argentina organizan primarias para designar a los candidatos a la mayoría de los cargos de representación popular y varios de los países latinoamericanos permiten que sus ciudadanos que residen en el extranjero puedan votar en las elecciones presidenciales.
Chile no tiene ni lo uno ni lo otro.
Estas y otras medidas, como la reforma al sistema de partidos y mejorar los mecanismos de control y transparencia de los actores políticos, de los partidos y de las campañas, son esenciales para saldar la deuda que tenemos con nuestra democracia.
Pero junto con lo anterior, nuestro país también debe impulsar grandes transformaciones para superar las enormes desigualdades sociales que aún persisten en nuestra sociedad.
La principal, sin duda, es llevar a cabo una reforma integral a nuestro sistema educacional, la que –al igual que otras iniciativas- demandará cuantiosos recursos y de manera permanente.
La mejor manera de hacerlo es mediante una reforma tributaria, que contribuya no sólo a financiar esos proyectos, sino además a tener una sociedad más igualitaria y lograr una redistribución del ingreso manteniendo, a la vez, buenos incentivos para la creación de puestos de trabajo.
Y, por último, necesitamos alcanzar un acuerdo nacional para establecer un nuevo marco para las relaciones laborales, de manera de nivelar la cancha para que sean más equitativas.
Esto implica transferir más poder y responsabilidad a los trabajadores a través de un diálogo estratégico constante entre empresarios, trabajadores y el Estado para concordar caminos que nos ayuden a elevar el ritmo de crecimiento del país, generar empleos, mejorar la distribución del ingreso, elevar los actuales niveles de sindicalización y ampliar la negociación colectiva.
La ciudadanía está clamando con razón por cambios de fondo. En este sentido, mi llamado es a mirar la realidad de frente.
Los evidentes problemas que hoy atraviesa el país demuestran que requerimos con urgencia nuevas estructuras políticas, económicas y laborales.
No le tengamos miedo a la gente y abramos un debate serio y profundo acerca de la democracia y modelo de desarrollo que queremos para Chile.