El Senado despachó el proyecto de ley de indulto general que beneficiará a cerca de seis mil personas que están cumpliendo condena. Voté en contra de esa iniciativa, porque me parece inaceptable y no soluciona el problema de fondo.
La verdad es que este proyecto es una reacción al trágico incendio que se registró en la Cárcel de San Miguel el 8 de diciembre pasado y que causó la muerte de 81 reclusos. Pero antes de ese horrible episodio no se había adoptado ninguna medida para enfrentar la crisis carcelaria que vive el país, en circunstancias que el problema del hacinamiento era una realidad públicamente denunciada.
Pero una vez producida la tragedia, se optó por una medida de parche que no soluciona el fondo del problema.
Si el gobierno tiene la loable intención de reducir el nivel de hacinamiento de nuestros recintos penitenciarios, en los que se registra cerca de un 60% de sobrepoblación penal, entonces el camino no es el indulto por muy restringido que sea.
Por el contrario, a mi juicio, la solución es contar con una política criminal que sistematice nuestro catálogo de delitos y penas, de manera de establecer una relación más lógica entre la gravedad de los ilícitos y las penas que se les asignan.
Lejos de lo que ha pregonado la misma derecha desde hace muchos años, debemos erradicar la idea de creer que la cárcel es la primera y única alternativa, sino racionalizar su uso y reservar las condenas privativas de libertad para los delitos más graves. Nada de eso hay en la normativa aprobada.
Por lo tanto, reitero que el sistema de indulto general propuesto es un mínimo alivio que no resuelve la deuda que tiene la sociedad chilena en esta materia.
Además, la Constitución faculta al Presidente para otorgar los indultos particulares que estime pertinentes. De esta manera, si se requieren decisiones específicas respecto de un número acotado de personas, el Jefe de Estado ya dispone de la herramienta necesaria para conceder tal beneficio, sin que se necesite acudir a una ley general como la que se está proponiendo.
En este sentido, hago un llamado al Presidente de la República a que ejerza sus atribuciones como corresponde y que no le endose al Parlamento la responsabilidad de indultar a personas privadas de libertad.
Si el Mandatario no se atreve o no le gusta usar esa potestad que la ley le confiere, entonces sugiero que envíe un proyecto de ley para derogarla o que busque otro mecanismo para reducir la sobrepoblación en las cárceles chilenas, pero que no le traspase esa competencia al Congreso Nacional.
Asimismo, quiero recordar que en la pasada campaña presidencial se me atacó duramente por los indultos que concedí en mi calidad de Jefe de Estado y me acusaron de haber abierto la puerta a la delincuencia al hacer uso de esa facultad.
Al menos, tuve el coraje de asumir las consecuencias de las decisiones que adopté y nunca esperé que otro poder del Estado se hiciera cargo de prerrogativas que en ese entonces me eran propias.
Del mismo modo, en aquella época el actual Presidente prometió terminar con la “puerta giratoria”, aseguró que los presos cumplirían toda su condena en la cárcel y que iba a barrer con los delincuentes.
Otra vez estamos ante flagrantes incumplimientos de las promesas de campaña.
Ahora se van a indultar condenados, la inseguridad ciudadana va en alza y más encima nos dicen que es imposible erradicar la delincuencia.
No por nada, y así lo reflejan las últimas encuestas, su credibilidad está por los suelos.