Ya van de más dos meses de paro estudiantil, con marchas, protestas y reclamo por una educación de calidad y que se termine con la inequidad, en que unos pocos la tienen fácil y los muchos invierten y se endeudan, para un futuro incierto.
Más de alguna autoridad ha intentando descalificar la movilización social, atribuyéndole “ideologización”.
Pero si el problema de fondo es ideológico.
El modelo educativo chileno, se agotó. Es cuestión de asimilar la parálisis que se prolonga por más de 60 días. Basta mirar la huelga de hambre de niños de enseñanza media, que no quieren educación cara y deficiente.
La doctrina que se impuso en los 80 con ideas mercantiles, desechando el sentido público del proceso educativo y morigerado en democracia, sin alterar el fondo de la filosofía de los que tienen el poder, es pura ideología. Todo eso se tradujo políticamente en un rol subsidiario del estado.
La mirada presidencial es elocuente cuando dice: la educación es “un bien de consumo”… y aboga por una “interconexión” entre este sector y las empresas, pues también hay “un componente de inversión”.
El jefe de estado es concordante con lo que escribió en los 80: “en consecuencia el financiamiento de los gastos de docencia incurridos por los centros de educación superior debiera recaer sobre los estudiantes universitarios, que son sus principales beneficiarios”. Clarito. Pura ideología, que se traduce en políticas públicas.
La postura de los niños y jóvenes es contraria a esos principios, porque profundiza la desigualdad y atenta contra cualquier plan que busque la equidad en una sociedad que plantea un reto a la capacidad reflexiva y científica del hombre del siglo XXI.
De ahí la insatisfacción juvenil.
La salida para el conflicto debería canalizarse políticamente y encontrar una respuesta institucional, clara precisa. Que tome en cuenta el rechazo ciudadano hacia los que ejercen el poder. Las encuestas una tras otra, demuestran que el sistema mercantil para la educación, tiene un rotundo rechazo de una gran mayoría.
En la medida que se prolongue el conflicto aumentará la desconfianza hacia las autoridades, que persisten en una ideología que considera a la educación como un bien de consumo y no un derecho garantizado por el estado.