El jueves 21 de julio el Gobierno se sinceró en la prensa a través del vicepresidente ejecutivo de CORFO, dejando en claro que la privatización de las sanitarias es solo el inicio de una agenda orientada al desprendimiento del Estado de su participación en las demás empresas lucrativas que generan ingresos para todos los chilenos.
En entrevista con La Tercera, Hernán Cheyre salió al paso de las críticas ciudadanas y concertacionistas a la venta de acciones de Aguas Andinas, Esval y Essbio, explicando que se trata de un “excelente negocio para el país, especialmente para las PYMES”, ya que los US$ 1.548 millones recaudados al privatizarlas duplico las utilidades que dieron dichas empresas los últimos 10 años.
No entendemos cuál es el “excelente negocio” que el país hace con esta venta: el mismo Cheyre indica en la entrevista que se venden “porque es un activo muy valioso de Corfo, con dividendos atractivos, y que son empresas que han estado funcionando bien”, explicando que eso los llevó a decidir que no había ninguna razón de seguir siendo un inversionista en esas empresas.
Esto evidencia una lógica económica de rentabilidad de corto plazo que caracteriza al negocio privado, e ignorando la regla de oro de las inversiones de rentabilidad publica que es, rentabilidad alta y estable en el largo plazo para dar seguridad a los ingresos del Estado.
Es decir, condiciones que justamente cumplían las sanitarias.
Adicionalmente a esta incoherencia, Cheyre sinceró que las platas fiscales, de todos los chilenos, serán repartidas a algunos privados, a través de las PYMES, lo que significa que los dineros públicos van para beneficiar a unos pocos. Esto no responde a la regla adecuada para mantener ingresos públicos.
Como si esto fuera poco, Cheyre además abrió la puerta a nuevas enajenaciones de bienes públicos, entre las que están el Metro, la Zofri, la Polla Chilena, Cotrisa, Sacor, Enacar, Essal y Casa de Moneda.
Esto demuestra que las reales intenciones de esta nueva forma de gobernar, es continuar despojando a los chilenos de los activos públicos que se supone resguarda el Estado, justamente para poder solventar en el tiempo los programas sociales, de emprendimiento, salud y educación. Ello significa castrar al Estado de su función esencial, la cual es justamente velar y responder por los asuntos de interés público.
Esta acción del gobierno de Piñera, a través de Cheyre, contribuye a debilitar el poder y acción del Estado para responder a sus responsabilidades; y ciertamente reflejan que la concepción del país que tiene la Alianza es un Chile S.A.
Es esta visión la que seguirá provocando la baja popularidad del actual gobierno: el presidente Piñera no puede esperar que las familias chilenas, a las cuales está perjudicando, lo apoyen.
Sino por el contrario, la reacción ciudadana sin duda será salir a engrosar las demandas por los bienes públicos, tal como ocurre con el medioambiente y la educación.