Aplastante. Sobre un 60% de los(as) chilenos(as) reprueban al Presidente de la República y a su Gobierno, un tercio de nuestra población no se identifica con el Gobierno ni la Oposición, casi un 70% desaprueba a la Concertación mientras que sólo un 22% la respalda, un 61% declara su negativa evaluación del Parlamento, mientras que un 25% valora el quehacer del Senado y un 22% la labor de la Cámara de Diputados. Parece que tenemos un problema.
Al cumplir 201 años del nacimiento institucional de la República de Chile, nuestro país enfrenta una grave crisis de representatividad y eficacia social de su sistema político democrático.
La comunidad nacional desea vivir en democracia, pero mayoritariamente tiene la percepción y convicción que no son consultados, considerados y bien representados por las autoridades en los temas relevantes del país como lo son el Sistema Educacional, la Educación Superior, normativa y protección del medio ambiente, derecho a la salud, ingreso mínimo legal, entre otros.
Nuestro sistema político y la clase dirigente deben asumir y tomar conciencia de esta percepción y convicción ciudadana de falta de representatividad y participación en los asuntos relevantes de la comunidad nacional, y generar y ampliar los caminos y procedimientos institucionales para perfeccionar nuestra democracia.
Chile es nuestra comunidad; una comunidad de alrededor de 17 millones de personas que, por más de 500 años se ha ido forjando con la presencia, trabajo y sueños de los pueblos originarios de esta larga y angosta franja de tierra al sur del mundo, y luego con la diversidad de nuestro mestizaje con estos pueblos originarios y el encuentro con cientos de inmigrantes provenientes de diversas latitudes.
Una comunidad nacional que ha enfrentado a lo largo de su historia complejas y dolorosas tensiones para reconocerse como tal y no fragmentarse, para incluir y no excluir, para respetar la vida y dignidad de cada uno de sus integrantes, para reconocer el derecho de toda la comunidad nacional, en su más amplia diversidad y pluralidad, a construir y definir los destinos comunes.
Hoy, una vez más, estamos enfrentados a una grave, relevante y desafiante disyuntiva.
Cientos de miles de conciudadanos, estudiantes de escuelas , liceos y colegios, de universidades públicas y privadas, profesores y académicos, madres, padres, abuelos y abuelas, niños muy pequeños, profesionales de muy diversas áreas del conocimiento y trabajadores, estos cientos de miles de miembros de nuestra comunidad nacional han salido a las calles y avenidas de Chile para expresar su indignación y reclamar por decisiones del Estado de Chile, de su Gobierno, de instancias gubernamentales regionales, que violentan la conciencia colectiva y vulneran derechos fundamentales de nuestros habitantes y ponen en riesgo nuestro proyecto de futuro como país.
Estos cientos de miles que indignados reclaman incesantemente en las calles, exigen ejercitar su derecho como verdaderos dueños de la soberanía de la comunidad nacional.
Estos cientos de miles que protestan pacíficamente en las calles discrepan y rechazan decisiones gubernamentales sobre proyectos energéticos que impactan nuestro patrimonio natural y amenazan su existencia y la vida de las futuras generaciones.
Estos cientos de miles que han paralizado la actividad educacional en todo Chile y todos los cientos de miles que han salido a las calles para acompañarles, rechazan un Sistema Educacional que comprende la educación como un negocio, que excluye e impide que la inmensa mayoría de niños y jóvenes de nuestro país accedan a una educación gratuita y de calidad.
Estos cientos de miles de ciudadanos a lo ancho y largo de nuestro territorio están manifestando de manera categórica su rechazo a una Ley Orgánica Constitucional de Educación que no les fue consultada aún cuando sobre ellos tiene sus negativos efectos.
Son cientos de miles de compatriotas que reprueban al Gobierno y a la Oposición en cada encuesta.
Pero sobre todo, estos cientos de miles en todo Chile exigen ser considerados para decidir sobre los grandes temas del país, cuyas decisiones hasta ahora han implicado construir uno de los países más inequitativos del mundo, segregado territorial y socialmente, individualista y poco solidario.
Y disculpen, esto es responsabilidad de todos quienes fueron, fuimos y son parte del aparato y los poderes del Estado. No es sólo repudiado el Gobierno de Derecha, es repudiada la Concertación, más aún un tercio de nuestros compatriotas se definen fuera de los márgenes de Oposición y Gobierno.
En este escenario, pienso que lo primero es hacer un sincero mea culpa y asumir que tenemos un sistema excluyente y del cual existe un alto, muy significativo, sentimiento de desafección.
Y a continuación, pero rápido, sin demora, debemos reformar la Constitución Política para hacer más efectivo el principio fundamental de una democracia como lo es que la soberanía reside en el pueblo, y que su ejercicio es bastante más que ir a votar cada cuatro años.
Tenemos que legislar ya para permitir que la ciudadanía se pronuncie sobre los grandes temas del país mediante Plebiscito.
En la Constitución Política del ’80, el artículo 5° reconoce y declara una verdad fundamental “La soberanía reside esencialmente en la Nación” y consagra el Plebiscito como una forma de ejercicio de la soberanía por parte del pueblo.
Sin embargo, el cuerpo constitucional vigente limita grave y seriamente este derecho popular de ser consultados y que su opinión sea vinculante para la autoridad y, por cierto, no contempla la obligación del Ejecutivo de plebiscitar materias tan relevantes para la sociedad como lo son el sistema educacional, existencia y financiamiento de la educación pública, normativa, financiamiento y políticas públicas de educación superior, aprobación o rechazo popular a grandes proyectos productivos o energéticos, entre otros, que tengan impactos sociales y /o medio ambientales.
Para el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático, para la verdadera aplicación del principio y declaración fundamental de la soberanía popular y para asumir como oportunidad institucional histórica el masivo y prolongado clamor ciudadano de participación en la definición de materias centrales para la inclusión social y el desarrollo sustentable y equitativo para Chile, es necesario instalar el Plebiscito como derecho y deber para definir los asuntos que a todos nos importan como comunidad.
Y un buen ejemplo de esta voluntad política sería que el Gobierno – escuchando de verdad al pueblo- convoque a un Plebiscito para que la ciudadanía diga si apoya su Propuesta de Educación o la formulada por las organizaciones estudiantiles y del magisterio que lideran el movimiento por una educación de calidad y equitativa en Chile.