Un presidente con un escaso 35% de apoyo y sin credibilidad, junto a un ministro cuestionado por una importante mayoría ciudadana en su labor, enviarán al Congreso un proyecto para mejorar la calidad y el acceso igualitario a la educación en Chile.
El proyecto en cuestión, solo anunciado a grandes rasgos en cadena nacional este martes 5 de julio, desconoce y soslaya los planteamientos de fondo del movimiento ciudadano más importante y poderoso desde la década de los ochentas.
Una vez más en Chile, una coalición de gobierno busca en sus pares—de bancada y de oposición—el apoyo y legitimidad que no tiene para legislar en una materia instalada en el debate público por las grandes mayorías: el lucro en educación.
La sociedad civil chilena ha reaparecido en las calles, como no se veía desde los últimos años de la dictadura. Una multitud creativa y creadora de actores sociales cohesionados en torno al tema de la educación, ha comenzado a confluir y a movilizarse.
Los grandes temas pendientes de nuestro país han desfilado por las alamedas de la capital en este último mes en las protestas contra HidroAysén y las demandas por igualdad de género y matrimonio homosexual.
Una multitud de actores en la nortina Calama pide mayor descentralización de los recursos y divisas que el país obtiene de las riquezas naturales como el cobre. Los ciudadanos aparecen, demandan, pero también proponen y abren debates que la clase política post-dictatorial no se atrevió a asumir.
Pareciera que estamos frente a una nueva forma de política post-transicional, en donde la re-emergencia de las ciudadanías y la reformulación de los derechos comunes y específicos se instalan desde la calle hacia las redes sociales y el debate ciudadano.
El gobierno y los partidos no están reaccionando bien y se están quedando atrás en una lógica que parece extemporánea, caduca y anacrónica.
Las reacciones del gobierno han sido erráticas y centradas en los periféricos actos de violencia que han acompañado el final de las masivas marchas de junio. Luego del pasado jueves 30, el ministro Lavín dijo que los estudiantes que habían colmado la Alameda no eran “todos los estudiantes del país”.
¿De qué manera una manifestación pública que en los cálculos más modestos se estimó que sobrepasó las ochenta mil personas, no puede ser representativa de todo el estudiantado del país?
Solo en una mentalidad neoliberal en la que cada individuo existe en tanto tal– y sus acciones son visibles en tanto concurre al mercado en su condición de consumidor en una lógica de uno a uno–puede entenderse que los 200 mil manifestantes sean solo una minoría muy reducida de los millones de estudiantes universitarios y secundarios que existen en este país. Así también, el apoyo colectivo y solidario de otros actores sociales es irrelevante y anecdótico.
Esta misma mentalidad es la que hace imposible para el gobierno entender que el lucro es un problema, no solo legal, sino además ético.
En otros países cuando una persona o un colectivo hace una donación a alguna universidad pública o privada no lo hace con la esperanza de recuperar la inversión, ni menos de obtener ganancias, al contrario, las donaciones se entienden como tales y en el mejor de los casos, edificios de bibliotecas, becas o laboratorios llevan una inscripción con sus nombres.
Sin embargo, el ministro de educación y el gobierno en su conjunto defienden el lucro privado en educación como un derecho de quienes invierten en instituciones educativas. Pero el movimiento estudiantil ha instalado el lucro como una categoría social y ética, lo ha desplazado del lugar que tiene en las relaciones económicas para construirlo como un problema moral.
No importa cuánto haya ganado o perdido el ministro Lavín en la Universidad del Desarrollo, lo que importa es que alguien que tiene un compromiso tan grande con la generación y acumulación de riqueza, no puede liderar un proceso de reforma de la educación pública en este país.
No puede, porque está impedido moralmente, pero además porque epistemológicamente está en otra matriz ideológica en la que el bien común y la responsabilidad social del estado con la equidad no está en función de sus capacidades redistributivas, sino en la libertad individual e individualista de las personas de elegir, lógica que no se condice con los nuevos sentidos comunes que están formándose en Chile.
Los estudiantes, sin embargo, en su justa y trascendental demanda por educación han logrado transversalizar sus planteamientos y movilizaciones, instalando en el sentido común dominante a la educación como tema central y urgente para Chile.
Distintos sectores sociales, no solo del mundo académico y docente, sino de apoderados, familias de todas las clases sociales, trabajadores y ciudadanos en general se han sumado a las marchas masivas en apoyo a los paros nacionales convocados por estudiantes universitarios y secundarios.
Sorprendentemente, esto aún no es suficiente para sensibilizar a la clase política. Los partidos políticos de oposición y la izquierda específicamente han callado, debieran en algún momento pronunciarse.
Pero, en palabras de Violeta Parra, como la levadura esta nueva subjetividad se está incubando, está creciendo y expandiéndose…y me gusta, me gusta mucho.