Frente a esta nueva huelga de hambre mapuche contra la ley antiterrorista –la sexta huelga de hambre en democracia contra esta ley de la dictadura- el gobierno de Sebastián Piñera insiste invariablemente en des responsabilizarse de la situación, sin entrar en el tema y sin hacerse cargo de las críticas de, entre otros:
- Lorena Fries, directora del Instituto de Derechos Humanos, que ha llamado insistentemente a reformar esta ley .
- Francisco Alvarado, director nacional de la asociación de defensores penales públicos, quien ha planteado que son los legisladores quienes han restringido, a través de la ley antiterrorista, los controles que los fiscales deben tener para la investigación .
- Milton Juica, presidente de la Corte Suprema, para quien éste es un problema político, puesto que la ley antiterrorista chilena no es acorde a un Estado democrático y por tanto debe ser corregida, modificada y atenuada .
El gobierno, así, no se hace cargo de que la ley antiterrorista no ha podido adecuarse a parámetros de resguardo a los derechos humanos porque sus parlamentarios se oponen.
En un régimen presidencialista como el nuestro, el gobierno no puede lavarse las manos ante problemas de Estado como éste.
Si el gobierno y el parlamento quisieran solucionar este problema, lo que correspondería es que volvieran a introducir reformas a la ley antiterrorista, en vez de quedarse de brazos cruzados.
Gobierno y parlamentarios deben actuar de la misma manera en que lo han hecho en estos meses respecto a la situación de los menores de edad, imputados por ley antiterrorista: ante la insistencia de los fiscales por aplicarla, el gobierno y el parlamento han vuelto a introducir reformas . Si no se actúa de la misma manera en este caso es simplemente por falta de voluntad política. Lo que cabe, por lo tanto, es que no sólo la Corte Suprema, sino también el gobierno y el parlamento se hagan responsables de esta huelga de hambre que hoy cumple dos meses.
En los alegatos para la anulación del juicio está participando como veedor el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, AmerigoIncalcaterra, dando a entender que la aplicación de la ley antiterrorista en el conflicto territorial entre el Estado de Chile, las empresas forestales, los colonos asentados y el Pueblo Mapuche es un serio problema de Estado.
Las consecuencias que pueda tener esta huelga de hambre son de responsabilidad del Estado en su conjunto, cada poder debe responder por la parte de responsabilidad que le corresponde.
Así también deben responder los distintos actores sociales involucrados, incluidos los medios de comunicación que por mucho tiempo difundieron falsas conjeturas de la fiscalía, dando pie a que la ciudadanía piense que en la Araucanía hay terrorismo.
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