El reconocimiento estas semanas del impacto de la implementación de la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) en los resultados del SIMCE de Lenguaje de 4° básico y en la notable disminución de los niños en nivel inicial, invita a pensar en qué se podría aprender de estos resultados.
En el trasfondo de la Ley SEP está el reconocimiento de que educar a niños vulnerables requiere más recursos y que todos los niños pueden y deben aprender. La eficacia de la implementación de esta norma legal descansa en tres ejes: poner el aprendizaje de los estudiantes en el foco del diagnóstico inicial, de los planes de mejoramiento y de las metas; combinar adecuadamente metas exigentes con recursos para lograrlas; y exigir responsabilidad pública frente a los resultados.
Pero, ¿se puede replicar este ejemplo exitoso en otros casos, como el necesario fortalecimiento de la formación inicial de docentes?
Claro que sí. En primer lugar, los magros resultados en las diversas evaluaciones docentes muestran que las instituciones formadoras no están logrando que sus egresados alcancen estándares mínimos. Y al igual que con los resultados de aprendizaje escolar, se responsabiliza, en gran parte, a las deficiencias del alumnado.
Siguiendo la lógica de la SEP, si el alumnado es el deficitario, lo que se requiere es invertir más en su formación. En el caso de los docentes, y a pesar de que las becas Vocación de Profesor han impulsado el número de estudiantes con más de 600 puntos que ingresan a la carrera, ellos equivalen a menos del 15% de los matriculados en primer año. Lo que sigue predominando estructuralmente es la baja selectividad de las carreras de pedagogía y, en ciertas ocasiones, masividad y bajo costo del arancel.
Por su parte, el sistema de acreditación de las carreras de pedagogía pone el foco en los procesos institucionales y pedagógicos y su coherencia interna, más que en los resultados de aprendizaje de los estudiantes de pedagogía. La presión que supone la acreditación exhibe consecuencias principalmente a niveles organizacionales, pero no necesariamente en la responsabilidad pública por la idoneidad de sus egresados.
Bajo este contexto, los estándares para egresados de Pedagogía (la meta) y los convenios de desempeño patrocinados por el Ministerio de Educación para mejorar estas carreras (el apoyo condicionado a logro), pueden llegar a jugar el mismo papel que tuvo en el mejoramiento de los aprendizajes escolares el diagnóstico institucional obligatorio, la determinación de metas de rendimiento y el plan de mejoramiento que implicó la puesta en marcha de la SEP.
Especialmente si, en el marco de los convenios mencionados, aspectos como lograr avances en los resultados de la Prueba Inicia o en las prácticas en el aula se transforman en el foco de las propuestas institucionales.
La Prueba Inicia es uno de los instrumentos que permitirá medir los logros de aprendizaje de los estudiantes de Pedagogía. Si éstos y otros resultados se vinculan estrechamente con la acreditación, contaremos con un potente instrumento de responsabilidad pública, tal como han sido los resultados SIMCE para las escuelas.
Sin olvidar lo necesario que resulta también establecer puntajes mínimos de ingreso a la carrera, el ejemplo de la SEP se podría aplicar a la formación inicial de docentes, proceso que debe poner su foco en el aprendizaje de los futuros profesores.
Y para ello, no sólo se requiere de los fondos que existen en la actualidad, sino también que los mecanismos de presión -como la prueba Inicia y los convenios de desempeño- orienten y prioricen efectivamente el logro de aprendizajes en la toma de decisiones. Lo que buscamos, con todo, es asegurar que todos los niños y jóvenes de Chile contarán con docentes capaces de lograr que aprendan lo que prescribe el currículo escolar.