La Presidenta Bachelet ha fijado un cronograma que establece el procedimiento para redactar una nueva Constitución. Resuelto, en principio, el problema de legalidad del proceso constituyente, corresponde abordar ahora la discusión sobre el contenido de la nueva carta fundamental.
Que tan nueva será la Constitución Política de la República de Chile dependerá en gran medida de la legitimidad y adhesión que esta discusión logre generar en la ciudadanía. El debate, por tanto, debe centrarse en el contenido del texto constitucional.
Como señala el profesor Fernando Atria, no es lo mismo un nuevo artículo 4°, el cual determina que “Chile es una república democrática”, que eliminar del artículo 86 inciso final: los fiscales regionales deben tener a lo menos cinco años de título de abogado y haber cumplido treinta años. Ambos preceptos gozan de estatus constitucional.
Pero es evidente que definir la protección de las reservas estratégicas, como los glaciares o discutir sobre la viabilidad de un nuevo sistema político, semi-presidencial, por ejemplo, en el cual un Presidente elegido por sufragio directo y un Primer ministro designado por el parlamento ejerzan la función ejecutiva, aumentando los controles recíprocos entre los distintos poderes públicos, son cuestiones de mayor importancia y complejidad.
La vinculación de la norma constitucional con los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, como la vida, la libertad personal, el derecho a la seguridad social, el derecho de propiedad, su función social y limitaciones, entre otros, contenidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes son aspectos sustanciales que deberán ser abordados, ya sea por una comisión bicameral, una convención constituyente o una asamblea constituyente.
Hay que discutir sobre la finalidad del Estado, su función subsidiaria y la participación de éste en la actividad económica, el rol de la familia y de la sociedad civil; así como del reconocimiento de los pueblos originarios, y la protección constitucional de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
También tendremos que abordar como país definiciones de alta sensibilidad, tales como, la explotación de los recursos naturales, la mantención de las mayorías especiales para legislar y el mecanismo para reformar, en el futuro, la nueva Constitución.
Esto es en el fondo lo que determinará si con propiedad nos encontramos frente a una nueva Constitución o a un texto reeditado y validado mediante un referéndum meramente ratificatorio.
La profundidad y honestidad política para emprender el proceso de elaboración de una nueva Constitución podría hacer de este el más importante en la historia constitucional chilena, por la envergadura que tendría en la conformación del poder constituyente la ciudadanía, diferenciándola drásticamente en su origen de las últimas cartas políticas.
Por ello la opción por la Asamblea Constituyente es la que genera mayores incertidumbres y tensiones.
En tal sentido, la participación de la comunidad en la distintas instancias de diálogo, educación cívica, su efectiva participación política y la formación de mayorías electorales consistentes es un desafío para quienes pretendemos romper con la “neutralización” de la clase política, la desconfianza en la efectividad de las políticas públicas para generar y distribuir mayor bienestar y seguridad y recomponer la credibilidad en la institucionalidad democrática y el estado de derecho, como los proyectos que mejor resguardan los derechos individuales y colectivos, propendiendo al bien común, a la certeza jurídica y a igual protección ante la ley de todos.
La presión que se logre ejercer sobre el Congreso Nacional para que sea una asamblea constituyente la que defina una nueva Constitución política para el siglo XXI, va a definir la viabilidad de un texto inaugural para un nuevo ciclo político, el que requiere de liderazgos programáticos más que de vocerías mediáticas, de participación efectiva y no tan solo de opinión; es decir, en el que cada cual se haga depositario de los asunto de interés público, de aquello que a todos nos compete.
Para que dicha presión alcance la temperatura necesaria para instalar la asamblea constituyente, como el mecanismo que genera mayores garantías de independencia y vocación transformadora, es vital re-significar las preocupaciones y temas de mayor connotación social, como delincuencia, empleo, acceso y calidad de la salud, la vivienda y la educación, entre otros, subsumiéndolos en un gran tema: como la nueva Constitución reconoce y garantiza dichos derechos y cuál será la institucionalidad política que hará de estos un horizonte próximo en la vida de cada habitante de nuestro país.
