Llama la atención cómo una serie de organismos internacionales se han concertado para rasgar vestiduras por una presunta amenaza a la “libertad de expresión” en Ecuador.
A esto se suman las declaraciones de intelectuales y escritores encabezados por Mario Vargas Llosa que en su reconocida vehemencia neoliberal dispara contra todos los mandatarios de izquierda de América Latina, incluida la presidenta argentina Cristina Kirchner. Su blanco, por cierto, no es otro que el gobierno y la figura de Rafael Correa.
El panorama presente para el primer mandatario ecuatoriano es más que complejo, pues junto a este affaire judicial se preparan manifestaciones masivas y la opinión pública ha sido hábilmente seducida contra el actual gobierno justo un año antes de las próximas elecciones.
A esto se agrega el fantasma de la asonada del 30 de septiembre de 2010, intentona fracasada, pero siempre presente en el horizonte como larvada revancha militar contra la democracia ecuatoriana.
El caso del diario El Universo, constituye tan solo la punta de un hilo con muchos nudos políticos atados dentro y fuera de este pequeño país.
La Corte Nacional de Justicia le ha dado la razón al presidente Correa y sancionó – con penas y multas severas, digámoslo – a los responsables de graves injurias contra el mandatario, quien, según ha declarado, solamente exige públicas disculpas.
Un fallo judicial que, por lo menos en principio, se ajusta plenamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 14 señala expresamente: “1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido”
Pareciera que el caso en cuestión va mucho más allá de una controversia legal y constituye, en rigor, solo un nudo más de una trama política cuyo objetivo no es otro que minar la popularidad de un gobierno progresista y desestabilizar el proceso democrático en que está empeñado.
En lo más inmediato y contingente, la respuesta de Correa en cuanto perdonar a los sancionados por la justicia busca poner paños fríos a una situación que bien pudiera activar otros frentes contra su gobierno.
Se trata de una respuesta política cuya eficacia se medirá en los próximos días, pues resulta claro que más allá de este incidente la oposición utilizará todas las armas a su disposición para defender lo que estiman sus legítimos intereses.
En las próximas semanas, la habilidad política del presidente y su equipo será puesta a prueba por sus opositores en Ecuador y sus aliados en Estados Unidos y el resto de América Latina.