El pasado 13 de agosto la humanidad terminó de consumir los recursos naturales que el planeta podía reponer en un año. Como lo señaló WWF, a partir de ese “déficit ecológico” ya estamos gastando bienes naturales del próximo año. Se calcula que los seres humanos necesitaríamos un planeta y medio para satisfacer esa demanda de recursos estimándose que, a ese ritmo, al 2050 se necesitarán unos tres planetas para abastecer a la humanidad.
Más recientemente, la Conferencia “Nuestro Océano”, realizada en Chile, reiteró las voces de alarma que desde hace tiempo ONGs y científicos vienen lanzando respecto de la sobrepesca, pesca ilegal, la acidificación y contaminación de las aguas marinas, ejemplificadas en los 8 millones de toneladas de plástico que se arrojan al océano, provocando la muerte de especies marinas y aves, formando las llamadas “islas de plástico”.
En agosto de 1998, un enorme fragmento de plataforma antártica se desprendió. Con una superficie de más de mil kilómetros cuadrados y una altura de 27 metros, 183 metros bajo el mar y un peso estimado de 700 millones de toneladas. En marzo de 2010 otros dos grandes bloques se desprendieron de una capa de hielo de un tamaño similar a la península ibérica. Eso, y la disminución del espesor del hielo en ambos polos, presentan imaginables efectos en mares y continentes.
En la próxima conferencia COP21 los países tratarán de alcanzar un acuerdo global de lucha contra el cambio climático, partiendo del objetivo más simple, concreto y difícil enunciado hasta ahora: que a fines de siglo la temperatura planetaria no haya aumentado más de dos grados respecto de la era pre industrial. Se considera que esa cifra es el nivel que no compromete nuestra existencia y la de otros seres vivos. Sin embargo, el actual nivel de emisiones permitiría estimar el alza de temperatura en 4 ó 5 grados.
¿Y qué hacemos desde Chile para enfrentar el cambio climático?
Algunos, antes de responder, recuerdan que por ser un país pequeño y baja emisión de gases de efecto invernadero, comparado con China o EEUU, nuestros compromisos no son vinculantes. Pese a ello, y aunque evidentemente Chile no es el mayor generador de emisiones en la región, sí es uno de los que más ha incrementado sus emisiones en el tiempo, entre otras razones por la “carbonización” de la matriz eléctrica.
Según el documento “Contribución Nacional Tentativa de Chile para el Acuerdo Climático París 2015”, que Chile presentará ante la COP21, hay un compromiso que llama la atención.
Se trata de una “contribución específica para el sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura”, que pasaría por “forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría con especies nativas, que representarán capturas de entre 900 mil y 1 millón 200 mil toneladas de CO2 equivalentes anuales, a partir del 2030”, agregándose a continuación que “este compromiso está condicionado a la prórroga del Decreto Ley 701 y a la aprobación de una nueva Ley de Fomento Forestal”.
Uno podría estar de acuerdo con la necesidad de contar a la mayor brevedad con una nueva legislación forestal y con el pendiente Servicio Forestal. Lo que cuesta entender es que este compromiso esté “condicionado” a la prórroga del DL 701 de fomento forestal, de 1974, dictado para crear un nicho exportador, pero que tras cuatro décadas requiere ser superado por una legislación moderna y sustentable.
Buen ejemplo de lo anterior es Panamá, donde se habla de “Modelo Forestal Sostenible para la restauración de cuencas hidrográficas y Áreas Protegidas” o de “Bosque de Protección”, que tiene entre sus funciones resguardar las cuencas hidrográficas.
O Costa Rica, que ya el 2005 contaba con el 51,4% de su territorio cubierto de bosques y que definió la meta de alcanzar la Carbono Neutralidad al año 2021, desarrollando una Estrategia Nacional de Cambio Climático, y cuya ley forestal considera que los bosques son un patrimonio natural “inembargable e inalienable” y cuya “posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible”.
Compromisos como el citado no parecen ir en la dirección correcta, cuando se trata de un paradigma del modelo extractivista, entendiendo este concepto -según Gudynas- “como un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo”.
Lo que hacemos hasta ahora no es suficiente, sobre todo si se observa lo que sucede en otros países, como Holanda, donde la justicia determinó, a petición de una ONG y casi un millar de ciudadanos, la obligación del gobierno de adoptar acciones más concretas para prevenir el cambio climático.
O Andalucía, que inició la tramitación de una ley de cambio climático, fijando nuevos límites a la contaminación por gases de efecto invernadero, regulando el régimen jurídico de la huella de carbono de productos y servicios, su valoración en los procedimientos de contratación pública y creando un fondo de CO2.
Debemos hacer más para que el cambio climático y el calentamiento global no se conviertan en efectos irreversibles de la acción humana. Estamos cambiando el clima, qué duda cabe.
Algunos no aceptan esta realidad porque ven en ella una amenaza a sus paradigmas sociales, culturales y económicos. Pero como dice Naomí Klein, ya no sirven las medias tintas. Es hora de reiventarnos, de reinventar otro mundo.