Este miércoles 3 de julio el Senado concluyó el despacho de las normas pendientes del proyecto de Ley que acelera el otorgamiento de concesiones eléctricas.
Así, la iniciativa quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite, en la Cámara de Diputados, durante las próximas semanas.
Los senadores se abocaron al estudio en particular de los temas que habían quedado pendientes en la jornada anterior y que tenían que ver con la oposición u observaciones a las solicitudes de concesiones; notificación y toma de posesión de los predios; indivisibilidad de las concesiones; años de duración de las concesiones y la consulta a los pueblos originarios, además de la norma relativa al procedimiento para la difusión y conocimiento de las solicitudes de concesión.
Cada una de las decisiones tomadas en la Cámara Alta -con la valiosa oposición de los parlamentarios Alejandro Navarro (MAS), Antonio Horvath (RN), José Antonio Gómez (PRSD), Juan Pablo Letelier (PS), Jaime Quintana (PPD), Eugenio Tuma (PPD), Guido Girardi (PPD) y Pedro Muñoz (PS) – está sepultando las legítimas aspiraciones de la ciudadanía por oponerse al trazado de las empresas eléctricas que está respaldando el gobierno de Piñera.
Respecto de consulta a pueblos originarios, vinculado al convenio 169 OIT y aprobada por el Estado chileno, la votación mostró por 17 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención que ésta se puede hacer una vez aprobada la concesión y no antes, como se buscaba.
Pésima decisión, porque al no declararse admisible esta petición del senador Horvath para aplicar el Convenio 169 en el proceso administrativo, si bien el proceso de consulta indígena se hará, no tendrá el carácter de vinculante, razón por la cual será un mero gesto y no una condición para la concesión.
En el tema de la toma material de los predios, pasó con 16 votos a favor y 6 en contra.
Lo que esta norma permite es que, si la empresa que quiere hacer un tendido comprueba que pagó el valor del predio ante tribunales, tiene derecho a empezar las obras, independiente de que existan trámites judiciales pendientes. Y esto vulnera derechamente todo lo plasmado en el Código Civil, sentando un pésimo precedente para el futuro, porque además permite el auxilio de la fuerza pública.
Por otro lado, con 17 votos contra 4, se declararon inadmisibles las indicaciones que pretendían fijar un plazo específico para las concesiones eléctricas.
En la actualidad, la ley vigente establece un plazo indefinido y algunos senadores eran partidarios de acotarla a 10 años. Los senadores Gómez y Navarro pidieron mayores fundamentos para declarar inadmisibles estas indicaciones ya que en otros proyectos se ha legislado para acotar las concesiones.
No obstante, la solicitud no prosperó y se rechazaron las indicaciones; de este modo las concesiones eléctricas serán a perpetuidad como ocurre hoy con el agua, serán para siempre.
La Sala también se centró en definir quiénes serán las personas que tendrán derecho para realizar observaciones u oposiciones cuando una concesión eléctrica afecte sus predios o intereses.
En este aspecto se aprobó mantener el articulado original, que va en la dirección de establecer que sólo los dueños de esas localidades tendrían dicho derecho, dejando de lado la petición de varios diputados y senadores que plantearon ampliar esta facultad a otros individuos. Con su rechazo se dejó de lado la posibilidad de que reclamasen afectados directos de predios vecinos y organizaciones ciudadanas de todo tipo.
El debate que se de próximamente en la Cámara de Diputados junto con las presentaciones que se hagan ante el Tribunal Constitucional serán claves, como también será la capacidad de la ciudadanía para hacerse escuchar y oponerse a esta ley, porque acá nos están mintiendo con el argumento de que todo esto es necesario para el país porque nos falta energía, y no es así, lo que ocurre es que los empresarios del serctor han hecho un lobby feroz, porque quieren la seguridad de que sus iniciativas, como el tendido de HidroAysén, no vayan a judicializarse.