Pocas veces en la historia de Chile ha existido tanta necesidad de muchas cosas que el Estado ha mezquinado a su población, particularmente durante las últimas décadas. Una de ellas es Justicia.
La demanda que el Consejo de Defensa de la Patagonia ha presentado ante los tribunales ya no debiera estar siendo tramitada, debiera haber sido zanjada en primera instancia.
De hecho, el caso ya proviene de un pecado original político-administrativo, cuando el ex-intendente de Aysén, Selim Carrasco, bajo las órdenes del gobierno de Bachelet, obligó a los servicios públicos de la región afectada, a ‘dejar pasar’ el estudio de impacto ambiental groseramente incompleto y sesgado que presentó HidroAysén a la Comisión Regional del Medio Ambiente.
Esta institución ya no existe, reemplazada por la Comisión de Evaluación Ambiental, pero el punto es que en ése momento 11 Servicios Públicos habían llegado a la taxativa conclusión que el estudio debía ser rechazado por sus manifiestas deficiencias.
Es evidente que es imposible demostrar que un proyecto tan descabellado, faraónico, codicioso, innecesario como éste no va a causar estragos en Aysén, Patagonia chilena, y en el resto del 51% del territorio de Chile con su línea de transmisión asociada, que puede ser calificada en términos incluso más negativos que las represas.
Así, si existiese probidad administrativa en nuestro país, este proceso debiera haber muerto ahí. No debiera haber sido judicializado. De ahí para adelante la caída ‘moral’ ha continuado.
En efecto la ciudadanía, a través de los abogados de Patagonia Sin Represas, presentó, ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 7 recursos de protección que demuestran con claridad meridiana que el proceso de evaluación de HidroAysén está viciado desde sus orígenes.
Irrefutable. Todo Chile lo sabe, Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de por medio, ante la cual funcionarios públicos involucrados declararon exactamente cómo sus observaciones habían sido eliminadas, editadas, tergiversadas. La Corte regional hace un amago de justicia, acogiendo los 7 recursos, e incluso dando orden de no-innovar, pero luego, previsiblemente, güatea y los rechaza.
Hemos apelado a la Suprema… el país ha apelado… ¡Chile apela, clama por justicia! ¡Qué ganas de tener un país decente donde la institucionalidad y sus poderes hacen lo correcto, aunque sea de vez en cuando!
Es terrible esta sensación que cunde, esta rabia que fermenta por este sistema insensible, des-ciudadanizado… sordo, ciego y mudo, que sólo obedece a las directrices de los poderes fácticos, del capital. Porque ésta es la verdad. Ésta es la única explicación de lo que estamos viviendo, de la impunidad que nos rodea.
¿Cómo puede ser que los derechos humanos, indígenas, ambientales hayan sido evidentemente supeditados a los ‘derechos’ comerciales, a los deseos insalubres de las empresas?
¿Cómo hemos llegado a que se construyan estas verdaderas ‘arquitecturas de la impunidad’ que nos rigen hoy, tanto a nivel de los convenios internacionales como de las legislaciones nacionales?
Sorprende que muchos tomadores de decisiones, autoridades, empresarios, jueces no escuchen el clamor, el gruñido… la ola social que se está levantando prácticamente por todo el planeta, y que concretamente está haciendo caer dictadores y sátrapas, tal como en Egipto, Libia, Siria, Túnez… incluso Italia… que busca la depuración y el cambio de sistemas obsoletos, distorsionados, abusivos que no permiten que florezcan la felicidad, la dignidad, la armonía.
Hace rato que está llegando la conciencia y acabándose la paciencia, y que muchos y muchas estamos listos para empezar a construir juntos una ‘arquitectura de la justicia’, entre otros valores, para la construcción de un mundo humano mucho más bello, solidario y ecológico.
¿Será mucho pedirle a la Corte Suprema de Chile que escuche a la mayoría que no tiene intereses comerciales creados en juego, que mire los hechos de frente, que anule la autorización de HidroAysén, entregándonos la justa justicia que necesitamos y nos merecemos?