En el marco de la discusión, en el Senado, de la llamada “Agenda Corta Antidelincuencia”, como parlamentario me asiste la preocupación de dejar en claro algunos aspectos que sumo a la crítica inicial que expresé a este proyecto.
No sólo la persecución penal del delito lleva a rebajar los niveles de inseguridad y de ocurrencia de los mismos, por lo que desde un primer minuto, fue mi intención como legislador, hacer notar que no sólo aumentando las penas y llevando a más personas a la cárcel, como sociedad, solucionaremos el tema de la delincuencia.
Este proyecto tiene dos pecados que tratamos de desnudar y, en consecuencia, corregir en la discusión legislativa: el primero, fue demostrar la inconveniencia de que se aprobara la modificación propuesta a la ley que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad; la cual resultaba en la práctica, por ejemplo, en que un condenado, sin antecedentes previos, por una infracción a la Ley N°20.000, no pudiera acceder a una pena alternativa a la privación de su libertad. Afortunadamente dicho cambio legal fue rechazado por la Cámara de Diputados.
En segundo término, nos encontramos con lo que se ha denominado como el “control preventivo de identidad”, el cual no voté favorablemente en la sala, compartiendo la opinión de la Corte Suprema en términos a sostener que éste afecta los derechos civiles y esenciales de todas las personas.
Resulta inaceptable la facultad que se le confiere a las policías para registrar las vestimentas en toda detención. Ciertas medidas contenidas en el proyecto de Ley significan un retroceso mayúsculo al principio de inocencia bajo el cual nadie debería poder ser detenido sin antecedentes especiales y exclusivamente sobre la base de una denuncia o imputación objetiva y no el mero parecer de un agente del orden, basado, por ejemplo, en la apariencia personal de cualquier persona.
El Gobierno ha errado el camino, tomando la vía fácil, escuchando el clamor popular de penas más altas y con menos posibilidades de condenas cumplidas en el medio libre. Tuve la oportunidad de reunirme con el Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, después de haber leído el Informe de la Corte Suprema y discutir esta nueva normativa en la sala de la Cámara, y compartimos el diagnóstico y reparos a la Agenda Corta Antidelincuencia. Por lo mismo, voté en contra de que los reos primerizos no pudieran tener salidas alternativas a las penas y no apoyé el control preventivo de identidad.
La prevención y la reinserción resultan ser el mejor camino para frenar la delincuencia, la experiencia comparada lo demuestra, en República Dominicana, bajo un modelo de reeducación probado con 9 mil internos, han logrado que la tasa de reincidencia sea del orden del 3%. En Chile, esas cifras se elevan por sobre el 50%, demostrando que gran parte del problema se encuentra en el sistema carcelario y no necesariamente en la condena impuesta a quien comete un ilícito.