Esta es una pregunta que, posiblemente, muchos se estén haciendo en estos días que no han sido los mejores para las instituciones policiales, y menos aún para la ciudadanía que supone estar protegida por ellas. Subcomisarios y detectives de la policía de Investigaciones (PDI) involucrados en graves delitos en el ejercicio de sus funciones y cometiendo “apremios ilegítimos”; a estas alturas uno esperaría no tener que escuchar nunca más sobre esto, menos aun de la gravedad que ha descrito la prensa.
No aporta a nuestra seguridad saber que las policías se han involucrado en delitos de drogas, tráfico que lidera el crimen organizado y que ha impactado algunos procesos democráticos de Latinoamérica.Como si fuera poco, un capitán de carabineros y tres cabos son dados de baja por estar involucrados en una supuesta red de corrupción.
Estas situaciones no pueden sino actualizar y acercar el fantasma de la corrupción asociada al narcotráfico en nuestro país, tal como se observa en el escenario regional.
En Chile las instituciones parecen reaccionar rápido dando de baja a los policías presuntamente involucrados y la justicia se hace cargo de la persecución penal. Pero ¿es suficiente con eso? Obviamente no.
Es necesario que la autoridad política asuma el control de la situación porque no se trata simplemente de un asunto penal o de disciplina policial, se trata de algo mucho más complejo que dice relación con la legitimidad y credibilidad de la institución encargada de la seguridad de las personas y sus bienes, para lo cual puede recurrir al uso legítimo de la fuerza.
Se trata de cómo proteger a las policías del poder corruptivo de las redes criminales–nacionales o transnacionales- y de cómo resguardar una institución que requiere de la confianza ciudadana para cumplir con sus funciones.
No se trata de un hecho lamentable –como dijo un subsecretario-,se trata de una situación grave que requiere de medidas de fondo para resolverse. Es necesario que el poder político asuma su responsabilidad en la conducción de las policías y enfrente activamente algunos desafíos urgentes.
En primer lugar, revisar y mejorar los sistemas y procesos de reclutamiento y formación a fin que se asegure la incorporación de personas idóneas y capaces de desarrollar las competencias para responder a las necesidades que plantea el fenómeno delictual y la seguridad de la sociedad actual.
En segundo lugar, es evidente la necesidad de fortalecer los controles internos y externos.En lo interno se deben mejorar los mecanismos de detección temprana de las conductas reñidas con la ética y la ley, así como de problemáticas individuales o familiares que afectan el ejercicio de las funciones policiales, por ejemplo las situaciones de violencia intrafamiliar, de endeudamiento, etc. En este último aspecto se requiere de mecanismos de apoyo que permitan resolver los problemas oportunamente.
El reglamento disciplinario de Carabineros, por su parte, requiere de una puesta al día, a fin que se oriente principalmente a la protección de los derechos ciudadanos/as en su relación con la policía, más que al resguardo de la jerarquía institucional.
En materia de controles externos, es necesario un control legislativo sistemático y un sistema efectivo de rendición de cuentas. Finalmente, la sociedad civil debe asumir un rol más activo en la observación y control de la actividad policial.
Algunos dirán que se trata de casos aislados, pero las prácticas del soborno y cohecho son aisladas hasta que dejan de serlo y la corrupción se instala.
La confianza ciudadana en las policías es un activo de la democracia, pero es frágil y se construye día a día. Chile no presenta los niveles de crimen organizado de otros países donde su poder corruptivo ha permeado diversas instituciones.
Por lo tanto, es urgente poner los remedios para evitar que las policías enfrenten una crisis de legitimidad.
Más sobre policías en: http://www.fesmex.org/common/Documentos/Libros/Reformas_Policiales_en_AL_Sept2012.pdf