El Presidente de la República ha hecho un nuevo llamado a los fiscales en torno al funcionamiento del sistema penal y la responsabilidad que a estos actores les cabría en los resultados de los esfuerzos nacionales contra la delincuencia.
Quiero pensar que esta interpelación, que se reitera ahora en el Ministerio Público y que otrora también tocara al Poder Judicial, no está relacionada a la sensibilidad con que el Gobierno estaría procesando datos y números de las encuestas, de manera de optar por un camino de réditos políticos marginales que privilegien la inmediatez y el efectismo.
Esta actitud no podría estar más lejana a lo que debiera ser el enfoque de quienes tienen a su cargo el diseño y ejecución de políticas públicas en materia penal. Aquellas que tocan una fibra ciudadana en donde la instalación de percepciones y dirección de discursos exige especial responsabilidad, algo de pedagogía ciudadana y una visión de Estado que permita entender que los resultados de largo plazo no siempre tienen un correlato con las expectativas colectivas inmediatas.
¿Por qué no se opta por convocar en lugar de emplazar a las instituciones responsables?
¿Cómo se vería si -ante el enfrentamiento de una crisis financiera nacional- el Presidente de la República hiciera un público llamado al Banco Central para hacer mejor su trabajo?
¿Qué diría el Ejecutivo si el Fiscal Nacional o el Presidente de la Corte Suprema emplazaran al ministerio de Interior y Seguridad Pública por no contener la actividad delictual, no planificar correctamente el recurso policial y descuidar sus deberes de vigilancia y prevención?
¿Qué ocurre con la autonomía constitucional de las instituciones, pieza clave para que en democracia el Estado madure, distanciándose de trágicas experiencias internacionales en donde la captura y el populismo han sido el camino más fácil para mantener en flotación los apoyos públicos?
¿Cuál entonces debiera ser la forma de enfrentar el tema de la delincuencia, sin abandonar el legítimo derecho (y deber) de que la Primera Magistratura apele a su liderazgo en un asunto de tamaña complejidad?
En primer lugar invirtiendo en prevención. Se han hecho esfuerzos importantes en proveer una nueva institucionalidad que mejore las respuestas del Estado en este ámbito como ha sido la creación de una subsecretaría de Prevención del Delito, pero en la cual la ausencia de credenciales técnicas de una importante parte de sus mandos medios ha quedado en evidencia.
En segundo lugar alinear incentivos colectivos entre todos los agentes responsables de esta larga cadena que compone el sistema de Justicia penal. La coordinación interinstitucional, la producción de información compartida y generada a partir de indicadores comunes y la capacidad de hacer un llamado colectivo a responsabilidades solidarias.
Hemos recibido en las últimas semanas dos buenas noticias: el ministro de Justicia ha anunciado la creación de un registros de prófugos y la implementación del sistema de monitoreo para personas que están en condiciones de cumplir sus penas en el medio libre.
A ello se suma la creación de unidades de análisis criminal contemplado en el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que debiera concentrar toda nuestra atención y preocupación.
Es muy probable que esta columna, de ser sometida a una votación online, no tenga la adhesión que sí lo harían las llamadas de atención del Presidente, como quizás también lo tendría un referéndum sobre la reposición de la pena de muerte o que defina el confinamiento de nuestras futuras cárceles.
Es ese resultado, y esa dicotomía consecuente, la que precisamente debe alentarnos a trabajar los temas de Justicia con responsabilidad y quietud.
De seguro que el tiempo ya ha permitido que chilenos y chilenas comprendan que “trabar la puerta giratoria” dejó de ser una expectativa para sincerarse en lo que siempre fue: una consigna propia de tiempos de campaña.