En el curso de estos días regresó a la noticia un asunto de fondo de nuestra sociedad que nunca debiera estar ausente en la conciencia de cada chilena y de cada chileno. Se trata del caso de más de un millar de compatriotas secuestrados por las Fuerzas Armadas y por los aparatos secretos de la dictadura militar, que no han vuelto a aparecer ni vivos ni muertos.Los llamados detenidos desaparecidos.
Nos referimos a la situación creada por la aparición de los nombres de cerca de 800 de los detenidos desaparecidos en las listas de inscritos en los registros electorales luego de la reforma que estableció la inscripción automática. No aparece otra buena cantidad de otros detenidos desaparecidos que, por la edad que tenían a la fecha de su secuestro, no se encontraban inscritos en los registros electorales de la época.
Hasta hoy los mandos uniformados que conocen perfectamente donde están, ellos los detuvieron, mantienen un vergonzoso silencio. Un mínimo gesto de su parte bastaría para que los familiares de las víctimas pudieran comenzar el camino de la tranquilidad del alma y para que no se presentaran los problemas de hoy.
Sin desconocer los muchos avances logrados por la lucha de las organizaciones de derechos humanos, los juicios abiertos en tribunales han tardado más de 14 años desde la querella de enero de 1998. Aunque en preciso señalar que buena parte de esa demora se debe precisamente al silencio de los autores, cómplices y encubridores de esa tragedia, uniformados y civiles.
Durante estos años las reparaciones económicas han sido parciales, las indemnizaciones logradas son producto de largas demandas al Estado y no guardan relación con los parámetros internacionales.
Por lo que no es aceptable que un vocero de tribunales sostenga que éste es un problema de los familiares. Resulta ofensiva esta afirmación cuando en rigor se trata de un problema del Estado del que el gobierno, los tribunales y el parlamento forman parte.
En cuanto al problema específico planteado ahora, es el Estado el obligado a solucionar lo que sucede.
El gobierno por su falta de prolijidad en la presentación del proyecto sobre inscripción automática.
Los parlamentarios por no haber introducido la modificación elemental a ese proyecto que hubiera excluido los nombres de los secuestrados cuya nómina era conocida.
Si no lo hizo ni La Moneda, ni el Congreso es porque la existencia del drama de los detenidos desaparecidos no está en la memoria. Puesto que son personas que están legalmente vivas y aparecerían en los registros.
Los familiares y su organización, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, son las víctimas no los culpables.A pesar de todo tipo de presiones, incluso económicas, ellos no han aceptado que se declarara muertos presuntivamente a los suyos. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” ha sido su justa exigencia. La cual se relaciona con el carácter técnico específico del delito de “ejecución permanente” como es el secuestro, entre otras violaciones .
De aceptarse una muerte- que es además un hecho incierto – cambia la naturaleza del delito desde la figura del secuestro calificado a homicidio lo que acarrea consecuencias jurídicas.
Debe precisarse de paso que esta figura específica del Derecho Penal no es como dijera más de algún ignorante “un invento del juez Guzmán” sino un concepto científico de antigua data y de carácter universal.
No es creación chilena como arguyeron los partidarios de Pinochet en su momento. Ya en primer año de Derecho Penal se enseña en las escuelas universitarias lo que son los llamados delitos de ejecución permanente que no son ficciones sino el tipo penal adecuado a situaciones extremas como ésta.
Mientras escribo estas líneas me entero de la presentación de proyectos de leyes que apuntan a resolver la situación. Más vale tarde que nunca. Pero la situación pudo evitarse si quienes ejercen cargos de autoridad hubieran tenido presente la existencia de esta terrible situación causada por los autores intelectuales y materiales del golpe de Estado de 1973.
En el fondo, lo que ocurre en nuestra opinión es consecuencia de que todavía no terminamos de arribar a una democracia plena, lo que a su vez deriva de que esta transición no nació de una derrota de la dictadura sino que fue el resultado de la negociación.
Ello explica que siga pendiente el gran problema de verdad, justicia y reparación en materia de delitos de lesa humanidad. Explica también que todavía no se pueda someter a juicio a los civiles culpables de los crímenes.
Y que no se haya establecido constitucionalmente que no pueden ejercer cargos de autoridad pública ni de representación popular los que hayan formado parte del gobierno de la dictadura. Hoy tenemos ministros y parlamentarios que lo fueron y, es más, que dictan cátedra de democracia.
Revela finalmente que no haya una reforma de fondo al sistema electoral. Todo lo cual tiene que ver con el problema planteado en los registros electorales que ha sido un nuevo y duro golpe a los sentimientos de miles de chilenas y chilenos.