El gobierno chileno inscribió en los registros electorales a los detenidos desaparecidos, hombres, mujeres y niños secuestrados por defender sus convicciones de justicia durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Los nombres de Carlos Lorca, Víctor Díaz o Alfonso Chanfreau aparecen como futuros votantes en la página web del Servicio Electoral, tres o cuatro décadas después de que fueron plagiados por militares y civiles.
¿Qué pensará de ello Ana González, la mujer que perdió esposo, hijos y nuera en solo horas en esos años? ¿Qué sentirán todas las familias, amigos y conocidos de esos chilenos que olvidó la Justicia y el sentido común?
Es un error difícil de calificar de parte del gobierno, pero revela un problema mucho más profundo que el yerro de criterio del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, a cargo del proceso o de autoridades superiores.
Sería fácil criticar la falta de prolijidad del Ejecutivo o recordar la reunión del presidente Sebastián Piñera con cientos de militares (r) procesados por violaciones a los derechos humanos en su campaña.
Pero el problema, que nuevamente nos muestra las carencias que tenemos como sociedad, es mucho más profundo.
¿Cómo olvidar el desdén del presidente Eduardo Frei que no recibía a los familiares de las víctimas? ¿Cómo obviar que el mandatario Ricardo Lagos inició una ofensiva contra el pueblo mapuche basada en leyes antiterroristas creadas en dictadura y que permitían juicios dobles?
¿Como pasar por alto los niños mapuches presos por esa misma norma bajo la gestión de Michelle Bachelet, ahora directora de ONU Mujer?
Los vergonzosos hechos de hoy no son un incidente aislado, sino que el reflejo de una sociedad que olvidó el sentido más profundo de la política: la defensa y promoción de los derechos humanos en todas las esferas de la vida.
Nuestra élite política, encerrada hace años en su propio ego y torre de cristal, cree que la política es un show televisivo, una especie de reality donde el que grita más fuerte gana más votantes.
Que bastan el crecimiento y el empleo, desigualmente repartidos.
La política, sin embargo, debe ser un esfuerzo permanente de los ciudadanos y sus colectivos por ampliar sus derechos sociales, económicos y culturales.
El voto otorgado hoy a los detenidos desaparecidos nos recuerda que no pueden haber más Freirina, Temucuicui o Aysén. Nos evoca la justicia de las demandas estudiantiles, ambientales y civiles de los últimos meses. El desdén de la élite por los ciudadanos.
Vivimos en un país anclado en la injusticia hacia quienes ya no están y hacia quienes son su futuro.
¿Cómo vamos a creer o soñar con este modelo y líderes? ¿Cómo conformarnos con tanta desigualdad?
Aunque parezca increíble entre 2006 y 2009, el diez por ciento de los hogares más ricos elevó en 200.000 pesos sus ingresos, pero el resto de la población apenas los subió entre 30.000 y 1.000 pesos, casi nada.
El voto otorgado hoy a los detenidos desaparecidos, un infortunio incalificable, debe servirnos por tanto para recordar que es en la valentía y los sueños que los pueblos construyen su historia.
Que al igual que esos hombres, mujeres y niños sólo habrá un mañana en la medida que lo construyamos. Votemos y soñemos por ello.