El 02 de mayo pasado, el noticiero central de TVN informó sobre la campaña “Sano y Seguro Siempre 2012”, que está llevando a cabo la Policía de Investigaciones para evitar el extravío de niños y niñas.
Dicha campaña, que se realiza en virtud de un convenio entre la PDI y la municipalidad de Puente Alto, beneficiaría a 5.000 infantes -de pre kínder a 2° básico- de los colegios municipalizados de esa comuna, los que serían catastrados para disminuir la cifra de niños perdidos.
Los niños/as “…tendrán una efectiva base de datos personales en su domicilio y en poder de la familia…”, con la entrega de una libreta-pasaporte donde se registran los datos para identificar al menor en caso de extravío (según señala la web de la División de Investigaciones del ministerio del Interior); también habrá charlas a la comunidad sobre estrategias de prevención, y la toma de huella digital y una muestra de ADN.
El Jefe Nacional de Ubicación de Personas (PDI), fundamentó la medida en las 33 denuncias por presunta desgracia que involucraron a menores de edad en esa comuna durante el año 2011.
Frente a esta campaña surgen algunas interrogantes, entre ellas ¿cómo una muestra de ADN ayudará a evitar el extravío de un niño?
¿Ante una denuncia por presunta desgracia, se invertirá en exámenes de ADN sobre diversas muestras tomadas durante la investigación?
¿Cuáles son, hasta ahora, los resultados y duración de las pesquisas por presunta desgracia que involucran a niños?
¿No es suficiente con entregar elementos de prevención a la comunidad educativa y las familias?
Hasta ahora, otras experiencias de toma de muestras de ADN en niños pequeños persiguen objetivos muy distintos a los que declaran las autoridades en Chile.
Tal es el caso de Gran Bretaña, donde el director forense de Scotland Yard, en 2008 expresaba la necesidad de contar con muestras de ADN de niños potencialmente peligrosos, desde los 5 años, y así prevenir las conductas criminales que comienzan a edades tempranas (10-12 años, como informaban The Guardian y El País).
Aunque el Reino Unido ya contaba con la mayor base de datos de ADN en Europa, la citada autoridad señalaba que el elevado número de crímenes sin resolver indicaba que era insuficiente.
La reacción de grupos defensores de libertades civiles no se hizo esperar, haciendo énfasis en la desnaturalización del rol de los educadores, identificando y estigmatizando a los niños como posibles futuros delincuentes, sin mencionar la violación de otros derechos.
En todo caso, en el Reino Unido la ley ya permite la toma de muestras de ADN de detenidos/as desde los 10 años, sin necesidad de consentimiento. Situación similar ocurre en Francia, donde la Ley de Seguridad Interior de 2003 (propuesta por el entonces Ministro Sarkozy) permite la toma de muestras de ADN de cualquier detenido, sin importar la edad.
Llama la atención que en Chile no haya habido reacción alguna sobre la campaña en cuestión, en circunstancias que es, por decir lo menos, cuestionable y reñida con el interés superior de niños y niñas, que está por sobre las necesidades investigativas de la policía.
Urge además, habida consideración de la experiencia internacional, una reflexión ética y jurídica sobre los reales objetivos que persigue esta llamada acción preventiva.