Desde Aysén se están denunciando cosas graves. Hay informes de prensa que hablan de decenas de personas internadas en hospitales por asfixia debido a gases lacrimógenos, heridas por impacto de las mismas o balines metálicos en el cuerpo y cara.
Hay denuncias de personas detenidas que no pudieron contactarse con sus familiares, y de que se ha lanzado agua y gases lacrimógenos al interior de viviendas en poblaciones.
Este tipo de alegaciones no pueden descartarse sin más. La frecuencia de este tipo de denuncias tras manifestaciones de diverso tipo no debe hacer que nos acostumbremos y dejemos de escandalizarnos por su ocurrencia.
El Festival de Viña no puede distraernos de la gravedad de estas acusaciones.
Porque estas alegaciones – de comprobarse – constituyen violaciones de derechos humanos y además significan un incumplimiento por parte del Estado de Chile de las obligaciones contraídas al ratificar ciertos tratados, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha visto la situación de la violencia policial en Chile y ha expresado su preocupación.
Es imprescindible tener presente que, aun reconociendo la obligación de las autoridades de mantener el orden público, esto debe siempre hacerse dentro del marco de los derechos humanos, teniendo en cuenta que el uso de la fuerza contra manifestantes es una de las medidas más extremas que el Estado puede tomar, y que por ello debe ser el último recurso para garantizar el orden público.
De hecho, Amnistía Internacional ya lo ha mencionado en varias ocasiones, “la policía no debe utilizar la fuerza salvo que sea estrictamente necesario y aún en este caso, debe hacerse en el menor grado posible que exijan las circunstancias, reduciendo al mínimo los posibles daños y lesiones.”
¿Cómo podemos lograr esto?
Primero, previniendo. Es fundamental que las fuerzas policiales entiendan que el respeto a los derechos humanos es parte de su trabajo y la importancia de la proporcionalidad en el uso de la fuerza, y que quienes participen en la disolución de manifestaciones sea personal capacitado, que cuente con medios que le permitan resolver tensiones de forma pacífica y contar con un alto grado de formación sobre cómo evaluar una situación y reaccionar de la forma más proporcionada.
Segundo, asumiendo responsabilidades. Es imprescindible que todas y cada una de las alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial sean investigadas de forma inmediata e imparcial, tomándose las medidas disciplinarias y penales que procedan.
Esta responsabilidad incluye una valoración del actuar policial en general, la responsabilidad de los mandos policiales y la responsabilidad individual de los carabineros participantes, que deben demostrar que la fuerza utilizada fue necesaria y proporcionada.
Sólo así Chile podrá respetar los derechos fundamentales de las personas y dar pleno cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Con esto no será necesario interrumpir el Festival de Viña con noticias como ésta.