Finalmente, es el diario El Mercurio, en su editorial dominical reciente quien reconoce lo que el Gobierno no ha querido aceptar: que le ejecución presupuestaria para Tierras indígenas fue baja, y significó en el 2010 una pérdida para nuestros Pueblos Indígenas de M$ 33 mil millones de pesos por el no cumplimiento en la compra de tierras.
Es más, reconoce que lo gastado en lo que ya va corrido del 2011 es menor a lo programado. Destaca, no obstante, el anuncio del Ministro Kast (Mideplan) de una modesta compra de 1.000 has para una comunidad de Malleco y la promesa de aumentar las adquisiciones de tierras. Esto, en realidad, es parte de un hecho sustancial.
El Gobierno de Piñera no tiene política indígena. No hizo anuncios relevantes el 21 de mayo pasado y, en consecuencia, su cuenta del 21 de mayo del 2011 tendrá que señalar una ausencia de acciones públicas a favor de los Pueblos Originarios, salvo, las medidas represivas aplicadas en contra de Mapuches y Rapanui.
Pero, vamos al fondo de la editorial de El Mercurio, pues cuando este medio de prensa editorializa sobre temas indígenas no está –precisamente- defendiendo la causa mapuche sino pauteando al Gobierno.
Señala con desazón que, al parecer la “nueva política” indígena “sólo consistirá en negociar mejores precios y se insistirá en la adquisición de tierras para ser traspasas a las comunidades”.
El decano indica con firmeza que lo que se espera –en realidad- son “políticas innovadoras” en materia de tierras para “integrar” a los indígenas al “mundo moderno del siglo XXI”. Pero esta integración tiene un problema: la política de los gobiernos de la concertación es considerada “un fracaso” porque las tierras transferidas, compradas “y cedidas bajo un régimen legal discriminatorio”, les mantiene en una situación de pobreza y se han deteriorado.
Este lenguaje racista apunta a que los indígenas son ineficientes en el manejo de sus tierras. Las mismas que están protegidas por un “régimen legal discriminatorio”, que no les permite vender sus tierras o arrendarlas a un mejor precio, especialmente a los privados que sí son inteligentes para producir.
El Mercurio no se pregunta por qué el Estado no asigna mejores subsidios o subvenciones a los Pueblos Indígenas para desarrollar sus tierras y su cultura.El editorialista no se pregunta por qué el Estado destina enormes cantidades de dinero en todo tipo de mecanismos de excepción para compañías transnacionales, mineras y de turismo o para empresas forestales o compañías que construyen megacentrales (y son millones de dólares) y en el caso indígena, con suerte (ahora, bajo este gobierno) algunas migajas del erario nacional serán destinadas a continuar con la política de tierras de los Gobiernos de la Concertación.
No. El Mercurio no se pregunta sobre aquello, sino que vuelve a su ataque reiterado a la Ley 19.253 (de Pueblos Indígenas) que protege sus tierras de la depredación del mercado.
Se emplea entonces un argumento retorcido para decirle al país que las tierras indígenas ya adquiridas, pero hoy deterioradas (porque los indígenas no saben producir, no saben invertir, y no pueden invertir porque no pueden vender), es fuente de pobreza social.
Entonces lo que debiera hacerse es intervenir esa política del siglo XIX, dice El Mercurio, y finalmente incorporar esas tierras al mercado y así “integrar” a los indígenas al desarrollo.
Ignoran totalmente (o con premeditación) el valor de nuestra cultura. Ignoran que para los mapuches la tierra tiene un valor sagrado y que no cabe en ello el valor de intercambio. La tierra es para producir lo necesario para vivir, no para explotarla, ni deteriorarla, ni envenenarla, ni atacarla.
Si los indígenas de América latina y de Chile han sabido cuidar la tierras, las aguas y la naturaleza por siglos, ¿porqué debe ser ahora cuando deben modificar su cultura?
¿Porque lo dice El Mercurio y así lo creen los conservadores del Gobierno?
El Estado de Chile tiene una deuda fundamental con los pueblos originarios. Esto está estipulado en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Deuda Histórica. No es solo Tierras y Aguas (derecho que en el 2010 el Gobierno de Piñera negó a los indígenas al no invertir en ello), es también recursos públicos para invertir en proyectos sustentables. El camino no es “integración”. Es “inclusión”. Hay una diferencia importante de conceptos.