Días atrás la presidenta Bachelet nombró a la primera Subsecretaria de Educación Parvularia, Dra. María Isabel Díaz quien ejercía como asesora del sector en el ministerio de Educación.
Más allá del hito que este hecho conlleva, que valora sin dudas a este nivel de educación, implica a partir de este nuevo status remirar las políticas que se han planteado y pensar en las que siguen a partir de una deseable continuidad y robustecimiento de ellas, como corresponde a un Estado que pretende ser moderno.
Este tema se discutió en una conferencia internacional de políticas para la primera infancia que se desarrolló desde la oficina de SITIAL/SIPI (Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina de UNESCO/OEI: http://eventos.siteal.org), en la cual se definió que el avance en este campo debe ir más allá de la mirada tradicional. Esta reflexión se hizo analizando lo que se había avanzado a 25 años de la Convención sobre los derechos de los niños.
¿Y cuál esla propuesta? El enfoque habitual plantea siempre el aumento de cobertura del sector como meta principal relacionada a los temas de acceso e inclusión. Asimismo, se perfila la meta de calidad, pero en un segundo plano. Otras políticas más allá del ámbito estrictamente educativo no se postulan habitualmente.
A 150 años de los inicios de la Educación Parvularia en Latinoamérica y en Chile, la meta de cobertura debería estar superada u entendida como obvia, ya que estamos supuestamente en un enfoque de derechos, lo que implica una obligación para los Estados en cuanto a proveer y/o favorecer la educación desde que se nace.
Esta política de aumento de cobertura que tiende a la universalidad de la atención plasmada en diferentes alternativas, formales y no-formales, según las características de los niños/as y sus familias, debe seguir su camino buscando la población no atendida y cuidando el buen uso de los recursos.
Respecto a la calidad habría que ponerla en el centro del actuar en una forma sistémica considerando todos los factores que inciden en ello. Habitualmente los países ponen mucho énfasis en fiscalizar y evaluarla, pero mucho menos entusiasmo en instalarla. Ello va por caminos más sutiles y lentos que no siempre responden a los tiempos de los políticos.
En efecto, cuando se señala que hay que considerar bajar el coeficiente de relación adulto-niño para tener efectivamente la posibilidad de interacciones afectivas y cognitivas de calidad o que los educadores no pueden estar todo el día frente a los niños porque necesitan espacios para reflexionar sobre su quehacer y planificar en su jornada de trabajo o cuando indicamos que se requiere otro tipo de asesorías en terreno para desarrollar currículos más participativos y con sentido para sus colaboradores, entre otros aspectos, los entusiasmos bajan. Todo ello se ve como complejo y poco visible.
A esto habría que agregar las “otras políticas” no tradicionales cómo flexibilizar las jornadas laborales de los padres, para que puedan compartir más con sus hijos y asistir a actividades en los centros infantiles o racionalizar los trabajos de la madre y de los educadores en función a los centros donde asisten los niños, de manera que no tengan que gastar horas en movilizarse, lo que estresa a todos, creando un ambiente poco favorable para el encuentro humano y el aprendizaje.
Qué decir de la ciudad y de las instituciones culturales (museos, bibliotecas, exposiciones, etc.) que no están del todo dispuestas para niños y niñas pequeños.
Por tanto, se hace necesario pensar qué políticas se deben desarrollar en los ámbitos laborales, de transporte, culturales, salud (mental y ambiental) para mejorar las condiciones integrales de los párvulos y sus familias para una mejor vida. En ese contexto, una educación de calidad florece.
Estos desafíos hay que repensar para nuestro Chile de hoy y mañana, los cuales debe impulsar la nueva Subsecretaria de Educación Parvularia para crear una cultura en función a los derechos integrales de la primera infancia.