La creación y el inicio de los trabajos de la Comisión de Expertos nacionales e internacionales que profundizará el diagnóstico del sistema de pensiones y hará propuestas con vistas a una reforma de segunda generación, es una buena oportunidad para Chile.
En primer lugar, porque las competencias técnicas de sus integrantes y la pluralidad de sus visiones aseguran un resultado de alto estándar, que constituirá un insumo clave para la elaboración de una política pública a futuro.
En segundo lugar, porque el enfoque técnico estará combinado con uno de trabajo ciudadano, que contempla un amplio proceso de consultas a organizaciones, actores sociales y usuarios, que se extenderá incluso a regiones.
Este factor resulta fundamental para combinar la aproximación estadística con la vivencia concreta de las personas, que siempre es necesaria –especialmente cuando queremos hacer cambios con bases sólidas y perdurables– y hace emerger lo que no dejan apreciar los promedios.
Y resulta también fundamental para superar un problema de origen, que muchos olvidan, y constituye uno de los factores que afectan la legitimidad del sistema. En efecto, tanto la Constitución política como el sistema de AFP privadas fueron estructurados en un período en que una tecnocracia guiada por un paradigma único –el neoliberal– impuso su visión sobre la sociedad, en ausencia de democracia.
Por ello, no resulta casual que, durante los últimos años, una ciudadanía más demandante, empoderada y crítica del sentido común imperante haya puesto en duda sus bases de legitimidad.
Ahora bien, sin duda, los mayores cuestionamientos al sistema derivan del incumplimiento de la promesa bajo la cual se impuso: que los cotizantes alcanzarían una tasa de reemplazo en torno al 70% o incluso superior.
La tasa de reemplazo efectiva, en promedio, es hoy de 45.5% para los hombres y de 36.6% para las mujeres. Más aún, las cifras que publica la Superintendencia de Pensiones, a marzo del 2014, nos indican que existen 1.044.465 jubilados del sistema privado, y su pensión promedio bordea los $ 185.000 mensuales, dato que destacó la Mandataria en su Mensaje Presidencial del 21 de mayo, enfatizando que “tras una vida de trabajo, no es posible que miles de chilenos y chilenas se vean enfrentados a la incertidumbre de que la pensión que reciben ni siquiera permita cubrir las necesidades más básicas”.
Comparativamente, de acuerdo al Informe Panorama Social de América Latina 2013, de la CEPAL, Chile se ubica entre los países de la región con menores montos en las pensiones, por debajo de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Ecuador y Colombia, lo que no se condice con su nivel de desarrollo. De hecho, solo supera a Bolivia y Perú.
La industria está perfectamente consciente de ese problema, por lo que tímidamente se ha venido abriendo a los cambios. Incluso, hace algún tiempo, Joaquín Vial, ex presidente de AFP Provida, ya había reconocido que el 60% de los afiliados a las AFP tendrían una pensión menor a $ 150.000 mensuales.
El problema comenzó a hacerse tan manifiesto, alimentando la ola de malestar que desataron los movimientos sociales en 2011, que el ex Presidente Piñera, en junio del año pasado, señaló: “Las personas están jubilando, en promedio, con una jubilación que es aproximadamente la mitad de su sueldo y, por lo tanto, cuando jubilan experimentan una fuerte caída en su condición socioeconómica”.
A las insuficiencias en materia de tasas de reemplazo se agregan otros problemas claves, tales como, comisiones no relacionadas con los rendimientos de los fondos; predominio de un concepto de libertad restringida, con pocos actores de igual naturaleza, a diferencia del sistema de Salud, donde coexiste una entidad pública con agentes privados; grave daño patrimonial a los usuarios en periodos de crisis como la subprime de 2008; inversiones cuestionables como han dejado al descubierto los casos Cascadas y La Polar, etc.
En definitiva, el debate está abierto. La Comisión de Expertos tiene un mandato de hacer una revisión exhaustiva del sistema, sin temas vetados, y tenemos que esperar su informe y conclusiones involucrando activamente en esta discusión a la ciudadanía, a los actores políticos y a la academia, teniendo a la vista, desde luego, algunas constataciones que hoy son evidentes.
Concluyo señalando que, para la sociedad chilena, este tema forma parte de un debate más amplio sobre la seguridad social en el marco de un Estado democrático y social de derechos.
La lógica del darwinismo social: “cada cual se rasca con sus propias uñas”, ha sido superada por las demandas ciudadanas y, por cierto, está en las antípodas de la lógica de derechos que inspira a nuestra coalición de gobierno.