El proyecto de Reforma Tributaria ingresada el 1º de abril pasado en el Congreso Nacional que se aplicará gradualmente y que busca allegar mayores recursos permanentes para financiar los necesarios cambios en las políticas de educación y que en paralelo intenta terminar con las lacras de la evasión y elusión, ha sido objetada con inusitada potencia por aquellos regalones del sistema, quienes por años no han pagado los impuestos correspondientes a sus elevados ingresos.
Este cambio desea que los más poderosos contribuyan más para que la desigualdad disminuya, lo cual es coherente con el sentido común.
Debemos tener presente que muchos de aquellos que reclaman y que han disfrutado del laissez faire tributario imperante por tantos años lo hacen porque perder es considerado “injusto” para ellos. Los que se sitúan en el 5% de la población y sus fieles acólitos han puesto el grito en el cielo diciendo que el proyecto es expropiatorio y los medios de prensa que se leen mayoritariamente en el sector oriente de la ciudad de Santiago han llevado la batuta en una especie de campaña desinformativa que busca crear el terror en la población y sus cacareadas denuncias han surtido un cierto grado de efecto en algunas personas.
Uno de los diarios que lidera la operación miedo publicó el reciente sábado 12 de abril a página completa una espeluznante crónica titulada “Inmobiliarias anuncian traslado de inversiones a otros países y anticipan alza de precios” con epígrafe “debido a la reforma tributaria, las compañías están revisando sus futuros desarrollos”. Ahí se reproducen las amenazantes opiniones de 8 voceros de esas empresas, los que justificaban sus dichos siempre en resguardo de las personas de menores recursos, las que se verían muy perjudicadas si los parlamentarios aprueban tal proyecto.
El sector económico de la construcción y en especial las sociedades inmobiliarias desde siempre han contado con diferentes tratos predilectos (cúmulo de franquicias, subsidios y garantías) por parte del Estado porque sus líderes de opinión y sus asociaciones gremiales empresarias, con la típica picardía del chileno, han sabido vender la pomada a los gobiernos en términos de que ellos, con sus cuantiosas inversiones, son indispensable en la creación de riqueza y que dan trabajo a los necesitados.
Los políticos que han administrado el poder, de una u otra manera, relacionados social y comercialmente con aquellos, inveteradamente han sucumbido ante sus reiteradas peticiones de tratos especiales.
Hasta la Contraloría General de la República ha pisado el palito en cuanto a no incomodar a este tipo de empresas en las ocasiones en que ha debido resolver, como órgano de fiscalización, denuncias presentadas por la ciudadanía en contra de proyectos inmobiliarios aprobados por los Directores de Obras Municipales en contravención a los marcos regulatorios.
El contralor Ramiro Mendoza, abogado muy conocedor de las leyes, ha optado por no aplicar la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo cuando lo ha debido hacer, como tampoco ha trasladado los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado ni menos ha solicitado la intervención del Ministerio Público en casos de abierta corrupción inmobiliaria.
Mendoza, con suma seriedad argumenta en sus rebuscados dictámenes que “los errores de la administración” (sic), así es calificada la detección de las malas prácticas, no pueden perjudicar a los titulares de este tipo de proyectos porque, según él, los privados que explotan el recurso suelo, son todos unas santas y blancas palomas que, invariablemente proceden de buena fe y con este ardid se mantiene en la más profunda inocuidad el artículo 53º de esa ley que dice “la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho.”, ello teniéndose en cuenta que la misma ley en su artículo 3º dice “los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios”.
Esta ley está vigente desde mayo de 2003 y se originó para atacar la corrupción develada (MOP-GATE) con los pagos en efectivo que La Moneda le entregaba a funcionarios públicos de alto nivel. En todo caso no solo Mendoza pasa por alto esta sensata legislación, con la acomodaticia práctica de la “buena fe” supuestamente empleada siempre por los empresarios de la construcción, sino hay otros abogados relacionados con la Pontificia Universidad Católica, liderados por el docente Eduardo Soto Kloss, quienes son los guías intelectuales de esta insana “doctrina” que garantiza plenamente la impunidad.
Ahora bien, dejando a un lado a la Contraloría, retomando la maniobra de los lenguaraces opinólogos que rechazan la necesaria reforma tributaria, ellos aducen que es muy injusto el término de la exención tributaria del 65% del IVA, de la cual gozan, para las viviendas que venden en el mercado con precios de hasta UF 4.500.
El nuevo gobierno acertadamente confirmó esta regalía solo para las viviendas de hasta UF 2.000, lo cual es de toda lógica porque va en la línea de empezar a concebir políticas que reduzcan la desigualdad. Los más pobres del país pagan IVA completo por el pan, la leche, el té y por todos los productos de primera necesidad y dicho impuesto no es deducible, pero los poderosos empresarios inmobiliarios desean seguir disfrutando de sus exenciones como si en Chile no haya sucedido nada.
Por lo dicho, esperamos que pronto se apruebe la Reforma aludida porque así habrá más dinero para abordar políticas distributivas, con lo cual nuestro país, que ya está en los 20.000 dólares de ingreso per cápita, se pondrá a la altura de los países serios del hemisferio norte.