Antes de criticar, sería razonable esperar cuál es el nivel de cumplimiento de las promesas del futuro mandato presidencial. No obstante, es válido contrastar su programa de gobierno con las necesidades del país y proyectar sus brechas. Esto porque 4 años de status quo y ausencia de políticas públicas adecuadas en materia de recursos naturales puede costarle caro al país, a punto de llegar a situaciones difícilmente reversibles.
Lo anterior, dado que en Chile, a las dificultades propias de la gestión hídrica se suma la existencia del libre mercado de aguas, el cuál es un problema en sí mismo, porque supone un principio básico de la economía, que al aumentar la demanda por el recurso entonces también aumenta la cantidad ofertada y por lo tanto, el sistema debe llegar a un nuevo equilibrio por acción y gracia de una “mano invisible”.
Cabe señalar que por condición natural, la disponibilidad de agua u “oferta hídrica” no sólo es limitada y finita, sino que más aún,la proyección realizada por diversos estudios indica que producto del cambio climático esta oferta será cada vez menor.
Por otro lado y para agudizar más el problema,la demanda por agua será cada día más alta debido al crecimiento económico y al propio calentamiento global. Luego esto permite prever un panorama de constante escasez hídrica en el país, de no mediar políticas públicas adecuadas.
De lo anterior se desprende que, como mal se informa, los principales problemas del país en materia de aguas no son debido a sequías (disponibilidad de agua) sino por la escasez (diferencia entre lo demandado y lo disponible).
Esto es importante incorporarlo, ya que cambia el carácter del problema desde algo puntual (sequías) a algo permanente y sostenido en el tiempo (escasez).Por lo tanto, las soluciones deben pasar desde la gestión de emergencias a medidas estructurales que involucren la forma como se administra el agua.
Revisando el programa de Bachelet en esta materia, puede observarse que se basa esencialmente en lo que pueda dictar una supuesta Nueva Constitución que reconocerá “el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos”declarando“las aguas como bienes nacionales de uso público”.
Situación nada nueva, ya que el actual código de aguas de 1981 ya las declara, luego el problema radica en el régimen de propiedad privada que rige a los derechos de agua,que está conformado para asegurar el pleno funcionamiento de un mercado de aguas con nula regulación estatal y que contrarresta cualquier intención de darle una connotación de bien nacional de uso público.
Por otro lado, la oferta bacheletista señala que “se delegará en el legislador la regulación del procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que se reconozca a los particulares sobre las aguas”.Es decir, se dejará al parlamento (el mismo que demoró 15 años en modificar estéticamente el código de aguas en el año 2005) que “regule” el actual procedimiento en que el Estado constituye los derechos de agua.
Así, el objetivo es “mejorar” lo existente, sin tocar en absoluto los mecanismos de transferencia actuales ni menos cuestionar la presencia del mercado en la asignación del vital recurso.No se cuestiona en lo más mínimo la base ideológica neoliberal con la que se construyó el modelo hídrico en la dictadura.
Otra promesa de este programa indica que, en sus primeros 100 días el Gobierno nombrará a un Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, para identificar y avanzar en soluciones a la escasez de agua en el país. Se analizará una normativa que haga posible la existencia de la figura “recursos hídricos con fines sociales”.
Esto podrá establecer usos prioritarios, pero siempre dentro del modelo de mercado de aguas, lo cual entregará respuesta en situaciones críticas, pero no frente a un escenario de carácter permanente como lo será la escasez futura.
Por otro lado, el cambio climático impactará fuertemente a los recursos hídricos de nuestro país, en tanto el rumbo en esta materia ha sido mal y peligrosamente enfocado sólo en la mitigación de gases efecto invernadero y el mercado de bonos de carbono, situación que sólo va en beneficio de corporaciones y empresas que participan en dicho mercado.
El programa de Bachelet ofrece una continuidad en éstas políticas cambiándole el nombre al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad por el de “Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático” y entregándole la misión de elaborar con la máxima celeridad posible un nuevo Plan Nacional de Cambio Climático, orientando las medidas hacia una economía baja en carbono con la meta de cumplir el compromiso de emisiones asumido por Chile el 2009 en la XV Conferencia de las Partes de Cambio Climático.
El programa no incluye medidas orientadas a la adaptación de nuestras normas legales, prácticas y políticas públicas a una realidad hídrica incipiente e irreversible, como será el permanente déficit hídrico en que se verá enfrentado gran parte del territorio nacional.
Es imperativo establecer de manera clara el plan futuro de políticas públicas en materia de aguas, de modo que permita un análisis crítico de la ciudadanía y los grupos expertos, la situación actual y futura ya no permite ambigüedades, ni enmascaradas invitaciones al statu quo,como las que aparentemente presenta el programa de Bachelet.