Según información reciente emanada por algunos medios, Jean Paul Tarud embajador chileno en los Emiratos Árabes Unidos, hijo del PPD Jorge Tarud actual diputado del “distinguido” parlamento chileno, realizó una propuesta de plan piloto para llevar muestras de agua chilena a Medio Oriente dentro del próximo trimestre.
Todo ello, con el objetivo de exportar grandes cantidades de agua dulce provenientes de los campos de hielo desde la Patagonia chilena hacia Catar. Esta operación ya estaría en marcha.
Lo curioso, es que se indica que el agua sería extraída por una empresa chilena que ya posee la concesión para recoger hasta 8 metros cúbicos por segundo (más de la mitad del agua que consume diariamente Santiago), y con posibilidades de obtener permisos para recolectar aún más.Las aguas se canalizarían desde el derretimiento natural, captándola antes de su salida al mar.
En primer lugar (de ser así), llama la atención que esto se trate de una simple “concesión”, cuando en Chile las aguas pertenecen a privados bajo la figura legal del derecho de propiedad.
También llama la atención, que funcionarios del Estado chileno tengan la preocupación de realizar negocios de ésta índole, cuando en la zona centro-norte urgen medidas para solucionar el tema de la escasez de agua presente, que incluso ha llegado a afectar al consumo humano.
Las principales interrogantes cuando se analiza el modelo de explotación de recursos naturales, tales como el agua, cobre o litio, se deben orientar a identificar quiénes son los beneficiados de dicha actividad, hacia dónde van los réditos económicos y cuáles son los intereses atendidos, si acaso se correlacionan con los del país, región o bien con los de unos pocos magnates internacionales.
En ese sentido, es preciso señalar que Chile no exporta minerales o materias primas sólo en su forma bruta, porque de alguna forma existen procesos que se llevan a cabo para lograr un producto terminado y preparado para ser embarcado rumbo a los centros de consumo mundial.
Dentro de estos procesos, un insumo esencial es el agua, que es de cierta forma “renovable” en términos anuales, pero su incierta disponibilidad legal, geográfica y estacional la transforma en un bien escaso y hasta en algunos casos no renovable. Lo mismo ocurre para el rubro hidroeléctrico.
Siguiendo esta lógica y bajo un sistema tributario paradisiaco para las grandes empresas extractoras de materias primas, éstas exportan productos que utilizan éste vital recurso para sus procesos, generándose una enmascarada exportación de agua (que es un bien nacional de uso público), desde lugares donde es escasa y de gran valor, hacia zonas en que su uso deja un beneficio económico privado o bien estatal en otros países, a través de sus propios sistemas tributarios.
El caso más notable se ha producidoen el sector hidroeléctrico, cuando el Consorcio Enersis dueño de casi el 80% de los derechos de agua no consuntivos de Chile, fue vendido el año 2007 a Endesa España. Posteriormente, en el año 2009 la empresa italiana ENEL compra el 92% de Endesa España, quedando en posición de captura del inicial Consorcio Enersis, con la particularidad de que ENEL es 32% estatal italiana.
Conclusión, el estado italiano tiene mayor injerencia que el estado chileno sobre los derechos no consuntivos de las aguas que bajan por los ríos de la cordillera andina.
Entonces, cuando nos preocupamos de la soberanía chilena frente a Bolivia, ¿no es ultrajar la soberanía chilena dejar nuestras aguas bajo neta potestad extranjera? Y para colmo de males, el gobierno hoy maneja la idea de establecer un mercado exportador de aguas. Simplemente deplorable e inaceptable.
Como adicional, no existen mecanismos realmente efectivos que permitan a la opinión pública tener injerencia frente a este tipo de decisiones.
Es cosa de recordar el triste espectáculo de Punta de Choros.
Esto simplemente obedece a un tema político, donde el sistema de representación en cualquier comunidad de intereses tiene una influencia importante sobre el nivel de participación y decisiones finales.
En Chile, el sistema de representación para toma de decisiones en torno al agua, queda delimitada sólo a los organismos privados de administración del agua, los cuales además se rigen por un sistema de cómputo de votos que apunta a la concentración e inequidad.
Este modelo neoliberal de aguas chileno sacralizado en el Código de Aguas, fue elaborado por la intelectualidad pinochetista bajo los cánones de Milton Friedman. Los resultados han arrojado una excesiva concentración de derechos, falta de representatividad, bajos mecanismosde participación y dificultades para realizar la gestión interna del sistema, arrojando sectores completamente capturados.
De esta manera, queda al descubierto un modelo de exportación de agua con importantes falencias y desequilibrios, sin claridad hacia dónde van los beneficios ni a qué intereses satisface.
Esta nueva propuesta del embajador Tarud, desenmascara un mercado de exportación que viene funcionando hace un par de décadas de manera encubierta e indirecta, bajo el cual el Estado chileno no recibe recursos económicos por el uso privado de un Bien Nacional de Uso Público, más bien el directo beneficio es para los intereses foráneos.
La vulnerabilidad de Chile respecto del dominio de sus aguas es de extrema gravedad, urgen las reformas y la difusión de este complejo tema para el entendimiento de la ciudadanía.