Don Diego Hernández ex Vicepresidente Ejecutivo de Codelco, y hoy principal ejecutivo de la más grande empresa privada cuprera chilena, ha señalado recientemente en una actividad gremial que en Chile estamos en una situación en materia eléctrica que él llama “situación de monopolio”.
Resulta muy gratificante, aunque llama la atención que los grandes personeros del sistema se hayan demorado tanto tiempo en darse cuenta, que los mercados en Chile sufren de una grave enfermedad que es su concentración y que en alguno de ellos, lo que hemos denunciado por más de veinte años como es el caso del sector eléctrico, se llegó a lo que hoy tenemos.
Hace más de dos décadas que presentamos un reclamo ante los órganos antimonopólicos para que se separara transmisión, generación y distribución, de forma tal que hubiera un adecuado ámbito competitivo para todos lo que quisieran generar en el país.
Se logró separar la transmisión después de una gran batalla, pero la inversión en transmisión en manos privadas no estuvo a la altura del desarrollo de país.
Solicitamos en esa época también la separación de la distribución y la generación y desgraciadamente un fallo del órgano antimonopólico durante el gobierno del Presidente Lagos, ratificado en la Corte Suprema por tres votos a dos el año 2001, dejó las cosas tal como las conocemos hoy.
Coincidimos obviamente por lo anterior en la urgencia de actuar y hemos señalado que la carretera eléctrica es una cuestión vital y que debe hacerla el Estado y dejarnos de ideologismos absurdos, porque es la única forma que se realice un proyecto capaz de generar un servicio público que facilite una competencia real en el sector y al mismo tiempo de cabida a las múltiples opciones de energía renovable.
Igualmente la legislación que se discute debe poner fin al control vertical de empresas generadoras y distribuidoras. Se necesitan nuevos actores en generación con urgencia y el actual estado del mercado no lo facilita, sino que lo entrabe.
Si este país desea construir una economía realmente competitiva debe poner fin a este estado de cosas, y los legisladores tienen directa responsabilidad en corregir los errores del mercado eléctrico.