Nuevamente este fin de semana los santiaguinos tuvimos que soportar durante cerca de 24 horas un corte extendido de agua potable. Este es el segundo evento de esta naturaleza en los últimos treinta días y obviamente levanta legítimas suspicacias.
¿Será efectivamente causado por fuerza mayor?
¿En qué está el plan de inversiones de la empresa que determina la tarifa que se cobrará por el agua?
¿Puede la autoridad pública señalar que no existe ni un solo proyecto destinado a mitigar los efectos de un deslizamiento de tierra? En fin son muchas las preguntas y hasta aquí escasas las respuestas.
Como lo señalara el actual alcalde La Reina Raúl Donckaster, la causa de estos cortes en el suministro de agua potable, son inversiones que no se hicieron ya sea por la empresa o el Estado.
Para la empresa acudir a la causa de “fuerza mayor” le permite evitar las multas y la responsabilidad que pudiera tener por la obligación de cortar el suministro de agua. De manera que resulta casi obvio que cada comunicado se inicie con esta explicación.
Es necesario señalar que en el caso del agua potable, cada empresa debe elaborar y comprometerse a implementar un plan de inversiones cuyo valor es parte significativa en la determinación del valor de la tarifa por suministro, que deberá cancelar cada usuario.
Sería conveniente que se diera a conocer públicamente plazos y proyectos que contempla el compromiso asumido por la empresa, y de no estar las obras para evitar los efectos de estos desplazamientos sería bueno saber porqué no se han contemplado.
También hay una responsabilidad de la Superintendencia del ramo porque o debió exigir un proyecto de este tipo a la empresa o hacerlo exigible al ministerio de Obras Públicas si así correspondiera. Al ser empresas de servicio público estas son empresas reguladas por el Estado.
Una vez más, el sistema de multas no ha tenido el efecto deseado, la baja cuantía de ellas hace más rentable a las empresas asumirlas que evitarlas, ésa es una característica perversa y generalizada de nuestra legislación comercial.
Por otro lado, el estado a través de CORFO ha perdido la posibilidad de participar en estas decisiones al vender a privados el saldo de acciones que había mantenido luego del proceso de privatización de la empresa. Se demuestra en el corto plazo lo equivocado y dogmático de la medida tomada por el actual gobierno.
La opinión pública requiere tener información veraz y oportuna respecto a las verdaderas causas de estos eventos más aun si ellos se empiezan a repetir con frecuencia.
Queda la sensación de que efectivamente no fueron desastres naturales los que provocado no sólo la incomodidad de miles de personas sino que el peligro cierto de daños a la salud.
Esperamos que ahora sí se tomen las medidas necesarias para asegurar el suministro de agua potable a la población.
Lo que ha quedado en duda es el verdadero control y regulación que ejerce el Estado para el correcto funcionamiento de un servicio público.