El sector pesquero previo a la promulgación en 1989 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) se caracterizó por la ausencia de regulación y por la libertad de captura, haciendo peligrar la sustentabilidad de los recursos pesqueros. La LGPA tuvo por objeto principalmente evitar la extinción de algunas especies por medio del establecimiento de una cuota global de captura para la industria, sin asignar derechos de captura individuales.
Durante el año 2001, esta condición fue superada.
Se dictó la Ley Nº 19.713, que establece el “Límite Máximo de Captura por Armador” (LMCA), o sea, cuotas individuales transferibles (CIT’s).
El espíritu de la ley fue ordenar el sector de la pesca en Chile y con ello terminar lo que se conoció como “Carrera Olímpica”, en la cual cada quién competía por conseguir una mayor fracción de la cuota global.
Este ordenamiento requería garantizar la participación de todos los actores del sector: los artesanales y los industriales, y por ello se establecieron cuotas de extracción basadas en el desembarco histórico, modelo que fue cuestionado en su momento por quienes creían que esta regulación del mercado generaría una distorsión que redundaría en una baja de la competitividad del sector,también en la inversión y pérdida de empleos.
Sin embargo, los resultados de la industria muestran que no fue así sino que, por el contrario, este ordenamiento les ha permitido mejorar las condiciones para negociar el precio y cantidad de sus productos en el extranjero a quienes se oponían a la regulación del sector, disminuyendo la incertidumbre respecto a la cantidad de recursos disponible.
Es así como, según datos del propio sector industrial, durante el año 2008 en plena crisis mundial, las exportaciones alcanzaron US$ 1.720 millones, con un incremento de un 8,7% respecto del año anterior, a pesar de la caída en el volumen exportado que fue del orden de un 10%.
La vigencia original de Ley de LMCA fue por un período de dos años, plazo que luego fue prorrogado por otros 10 años, y que vence el año 2012.
En la actualidad, el Ejecutivo ha anunciado que antes de finalizar el año en curso enviará un Proyecto de Ley que modifique la actual.
La discusión está centrada en cómo asignar las Cuotas de Pesca, y se han escuchado diversas opiniones: unas por mantener el mecanismo de asignación histórica de las cuotas; y, otras por cambiar a un sistema de licitación de la cuota o hacer un mix de ambos modelos.
Lo relevante en este punto es que, más que el mecanismo, es el fondo. La nueva Ley debe contemplar como mínimo dos condiciones:
1) Mejorar la distribución de la cuota para el sector artesanal, o sea, que aumente su porción de la cuota global;
2) Que los industriales paguen un precio justo al Estado por la extracción de un recurso que le pertenece a todos los chilenos por el que hoy no pagan.