A 3 días de la entrada en vigencia del “Crédito Universal” -medida de publicidad y calidad de información que busca dar más transparencia al mercado financiero, facilitando la comparación del costo de un crédito entre una institución y otra-, queda claro que las conmovedoras declaraciones de “autorregulación” y “compromiso con nuestros clientes” por parte de las instituciones financieras, sigue siendo una falacia.
Hasta hoy los bancos no han cumplido con celo dicha normativa, cuyo objetivo final no es otra cosa que otorgar un mínimo de claridad para el cliente. Ni más ni menos.
Esta falta de transparencia, es parte un laberinto mayor donde se encuentran perdidos, secuestrados y condenados miles de chilenos.
Realidades abusivas como la nula competencia o mala calidad de la regulación en el sector financiero (bancario y no bancario) han ido generando una situación insostenible en las personas: trabajar para cumplir obligaciones, esfuerzo diario que no implican progreso y estrés de pago permanente.
Me refiero al adulto mayor endeudado con su Caja de Compensación a tasas inexplicablemente altas; al joven estudiante que antes de ganar su primer salario paga más de un 45% de interés por su línea de crédito bancaria, a la jefa de hogar que para vestirse o equipar su vivienda paga 4 veces el precio de la compra con su tarjeta de crédito de multitienda, cuya factura no pudo solventar en su totalidad, y un largo etc.
Indudablemente que el Sernac Financiero constituirá una avance significativo para intentar detener esta “realidad de los abusos”, pero claramente será insuficiente para acabar con el “secuestro financiero” de los consumidores chilenos si no se robustece con facultades que apunten directamente a frenar un festín alimentado por el drama.
Por esta razón, incentivar la competencia, sobre todo en la oferta a segmentos de ingresos medios; terminar con prácticas abusivas como las “ventas atadas”, “segunda hipoteca”, PAC y PAT prácticamente irrevocables y facilidades para cerrar productos financieros, debiesen ser obligatoriamente figuras que nuestra legislación debe garantizar.
Pero podemos enumerar más: bajar la tasa de interés máxima convencional de manera sustantiva; legislar a favor de los titulares y usuarios de tarjetas de crédito bancarias y del retail; y proteger a los sectores más vulnerables regulando de manera apropiada los “créditos sociales” de las Cajas de Compensación y otras tantas medidas…
¿Qué significa todo esto?
Que resulta urgente abordar una “Agenda contra el Abuso” que logre nivelar la cancha y deje atrás las cadenas de la verdadera esclavitud financiera de los consumidores.
Muchas iniciativas en este sentido están siendo tramitadas hoy en el Congreso, pero necesitan la voluntad real del Gobierno a través de la urgencia legislativa.
Ha llegado la hora de atacar en los hechos más que en las “cuñas”.
Porque sin justicia económica no habrá jamás justicia social y sólo la justicia social garantizará verdaderamente la paz y el orden que todos queremos.