La Ficha de Protección Social no va desaparecer, como en algún momento se insinuó, sino que va ser modificada, para que permita focalizar aún mejor las políticas sociales. Este cambio es producto de una comisión de expertos implementada por MIDEPLAN.
Valoramos los avances, pero debemos poner una voz de alerta en el proceso de implementación de la nueva Ficha, ya que es un instrumento clave para la realización de las políticas sociales, como sabemos prácticamente todas focalizadas; gracias a ella es posible identificar cuán vulnerables es una familia y si es o no sujeto de programas y políticas.
Los municipios están en regla respecto a la encuesta, pero la realización de esta nueva Ficha implica que los equipos municipales deben re-encuestar a todas las personas de la comuna.
Esta es una enorme tarea, que debe estar acompañada de los traspasos de recursos económicos desde el nivel central (MIDEPLAN), con los tiempos suficientes y las capacitaciones adecuadas.
Este mismo proceso fue el que tensionó a los equipos municipales a la hora de implementar por primera vez la Ficha de Protección Social, porque no se dieron todas estas condiciones al mismo tiempo, pese a que se reconocían avances con respecto a los anteriores instrumentos de focalización, la Ficha Familia y la CAS 2.
En esta ocasión, este proceso, se dará en un contexto de elección municipal lo cual no resulta ser la mejor fecha.
Hasta hoy existe una visión restringida sobre la capacidad técnica de quienes aplican la ficha.
Hay un cuestionamiento en cuanto a comprender efectivamente la forma en que debe recabarse la información, tanto de los funcionarios municipales como de aquellas empresas subcontratadas para la aplicación de la encuesta, lo que amenaza la confiabilidad de la información y rigurosidad del trabajo realizado.
Esta situación debe subsanarse en esta nueva etapa.
Con la Ficha de Protección Social, no sólo se introdujo un nuevo instrumento, sino que se cambió el enfoque, desde la carencia hacia la vulnerabilidad.
Se afirma que la ciudadanía no ha entendido que la Ficha mide vulnerabilidad, cuestión que tampoco es comprendida por algunos funcionarios públicos municipales o sectoriales y otras instituciones que están haciendo uso de los puntajes de la ficha.
Las instancias involucradas (funcionarios públicos en general, municipales y encuestadores) no tienen claridad respecto de la fórmula de cálculo, de manera de entregar información y orientaciones claras a la población cuando no están de acuerdo con el puntaje obtenido.
Asimismo, desconocen a qué atribuir las variaciones de puntajes que se registran. Si bien, esto podría generar el reconocimiento de variables para “bajar” el puntaje, por otro lado, permitiría entregar información certera del puntaje obtenido, validando con ello un derecho que les asiste a las personas con respecto a esta encuesta de focalización.
De lo anterior, se desprende la necesidad de avanzar en una lógica de derechos, de esta puerta de entrada al Sistema de Protección Social.
El derecho que tienen las personas a conocer las razones del puntaje obtenido más allá del temor a develar el funcionamiento del instrumento.
En ese sentido creemos que estos cambios deben permitir avanzar en transparencia, información y derechos de los ciudadanos que requieren de su aplicación.